Medio Ambiente y los alcaldes pleitean por las competencias

El enfrentamiento por las competencias entre los alcaldes y la Juntal ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tendrá que decidir si anula el nuevo reglamento contra la contaminación lumínica. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en la que están representados 756 ayuntamientos y las ocho diputaciones, ha recurrido ante el TSJA el decreto de 3 de agosto de 2010 por el que se aprobó este reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno.

La FAMP reclama que se revoque el decreto por "ser nulo de pleno derecho" y que se anulen varios artículos y dos disposiciones transitorias del nuevo reglamento. La federación entiende que la Consejería de Medio Ambiente ha legislado sobre varios asuntos que son competencia de los ayuntamientos.

No es el único enfrentamiento abierto entre Medio Ambiente y los alcaldes. En el recurso -presentado por la FAMP el 12 de enero- se señala que "el conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos andaluces se ha recrudecido en los últimos tiempos". Y cita el sistema de cánones aprobado por la Junta en aplicación de la Ley de Aguas. Tras las protestas de la FAMP, la Junta retrasó, de enero a mayo, la aplicación de las tasas. Sin embargo, 113 ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PP, han llevado este asunto al Tribunal Constitucional.

Pero en el caso del reglamento de contaminación lumínica ya no son solo los consistorios en manos de los populares los que recurren. Es la FAMP, presidida por el socialista Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas (Sevilla). Fue el propio Toscano el que autorizó la presentación del escrito contra el reglamento de la Junta. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2010, el consejo ejecutivo de la FAMP ratificó la decisión.

La Junta, que defiende la legalidad del nuevo reglamento, ya ha expuesto ante el TSJA sus alegaciones. Y la FAMP presentó el 27 de abril sus conclusiones ante la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo, que ahora tendrá que resolver la disputa. Los ayuntamientos entienden que en el articulado del reglamento se incumple la Ley de Autonomía Local (Laula), de 3 de agosto de 2010, y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loula). Los municipios se oponen, por ejemplo, a que sea Medio Ambiente la que determine, una vez "oídos a los ayuntamientos afectados", qué zonas se declaran E1, las de máxima protección, en las que hay más restricciones en el alumbrado. La FAMP cree que "son los ayuntamientos los que tienen esa competencia según la Laula".

Según Toscano, "la nueva Ley de Autonomía Local no ha sido interiorizada ni por los alcaldes ni por la Junta", y de ahí los conflictos. En el caso del reglamento de contaminación lumínica, el presidente de la FAMP aspira a que la Consejería de Medio Ambiente retire la normativa y se limite a elaborar "una ordenanza tipo, no un decreto". Toscano cree que el enfrentamiento en este caso "no es tanto por el fondo como por la forma" en la que se ha elaborado un reglamento que, en su opinión, no respeta la autonomía local.

Las discrepancias por las competencias también mantienen paralizado otro reglamento nuevo: el de contaminación acústica. La previsión de Medio Ambiente era aprobarlo antes de que acabara 2010. Pero las protestas de los alcaldes han retrasado su puesta en marcha.