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Montero renuncia a la Agencia de Salud por el reajuste en la Junta

La ley elimina las referencias a los daños ocasionados por transmitir el sida

Lourdes Lucio

El Gobierno andaluz acordó ayer remitir al Parlamento el proyecto de ley de Salud Pública, aunque su aprobación quedará condicionada al ritmo que impriman al debate los grupos parlamentarios. No obstante, el Ejecutivo andaluz va a pedir la tramitación por la vía de urgencia, lo que acortará los plazos a la mitad.

La norma que visó el Consejo de Gobierno sale con una mutilación: la Agencia de Salud Pública de Andalucía que se preveía en el artículo 44 del anteproyecto de ley se ha caído del texto. Durante el largo proceso de discusión con los colectivos afectados, iniciado a finales de 2009, la arquitectura de la Administración autonómica ha cambiado y se ha producido una reordenación del sector público en la que se reducen el número de empresas públicas y entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

El departamento que dirige María Jesús Montero ha considerado que seguir adelante con la nueva agencia no era "muy compatible" con el ajuste realizado por el Gobierno para el conjunto de la Administración, en un largo y cuestionado proceso por parte de los sindicatos corporativos.

Salud ha trocado la agencia, que tenía encomendadas las competencias de gestión y provisión de servicios de salud pública, en el Instituto de Salud Pública, lo que implicará que los profesionales sanitarios y demás colectivos que se rigen por el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud no podrán integrarse en él ni tener adscripción funcionarial. La agencia sí hubiera permitido este régimen jurídico.

La principal novedad de la ley de Salud Pública de Andalucía es que los proyectos, obras y actividades públicas y privadas, como los planeamientos urbanísticos o los proyectos industriales, requerirán de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva de carácter vinculante y preceptivo. Según María Jesús Montero, este informe no supondrá alargar los plazos en la autorización del proyecto empresarial, en caso de que no implique riesgos para la salud.

Montero subtituló la ley con el eslogan de que "Andalucía es sinónimo de tierra saludable y generadora de salud". La futura norma pretende ir más allá de los aspectos puramente de asistencia individual o de reacción ante la enfermedad y pasar a "un concepto colectivo de salud".

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Entre los derechos que regula está el del acceso a las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, a obtener información sobre los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización. Respecto al urbanismo y la vivienda, el proyecto de ley recoge derechos relacionados con las zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción nocivos y la garantía de un perímetro de seguridad en actividades o zonas industriales.

Como toda ley, también tiene sus obligaciones como la de no causar voluntariamente un peligro para la salud; poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública, y cooperar en la prevención de las enfermedades.

Montero ha quitado en el apartado de las sanciones las referencias explícitas para quien dañe a fumadores pasivos y quien transmita el virus del sida. Su inclusión en el anteproyecto de ley generó mucha polémica y presenta además dudas jurídicas, como reconoció la consejera.

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