Muñoz y cinco ex ediles del GIL evitan 70 juicios a cambio de cárcel

Los concejales que pusieron los cimientos del caos urbanístico de Marbella (Málaga) a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil ven cómo se aclara su futuro judicial. Seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos el célebre Julián Muñoz, han aceptado el pacto con la Fiscalía de Málaga por el que cumplirán tres años de prisión a cambio de evitar cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales.

Los concejales Muñoz, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Rafael González, Manuel Calle y Mario Jiménez formaban parte de la corporación que el 6 de agosto de 1998 aprobó, en un pleno nocturno, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que daba luz verde a enormes aumentos de edificabilidad o la construcción de apartamentos en suelos reservados a colegios o centros sanitarios. Aunque el PGOU de 1998 nunca tuvo validez jurídica, el urbanismo gilista se rigió por él hasta la disolución del Ayuntamiento en marzo de 2006 tras la Operación Malaya. Incluso, numerosas licencias anteriores a 1998 se otorgaron sobre ese PGOU ilegal.

En virtud del pacto cerrado ayer entre la Fiscalía y las defensas de los concejales, el ministerio público pedirá una pena máxima de un año de prisión y diez de inhabilitación para cargo público en las 70 causas abiertas por prevaricación urbanística, un delito castigado hasta con dos años de prisión. Al tratarse de delitos conexos, la ley establece que se cumplirá como máximo el triple de la mayor de las penas impuestas, esto es tres años de cárcel. Además, las condenas no se podrán suspender ni sustituir por multa, lo que supone el ingreso efectivo en prisión de los concejales.

Este pacto se limita a los casos de prevaricación urbanística y no afecta a otros delitos que hayan podido cometer los concejales, como prevaricación y cohecho. De no llegar a un acuerdo, estas 70 causas urbanísticas se tratarían en un juicio con vista oral y la Fiscalía podría solicitar hasta dos años de prisión, con lo que aplicando la regla del triple de la pena máxima para los delitos conexos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ex concejales se arriesgarían a pasar seis años en prisión, al margen de la incertidumbre de acudir durante años a decenas de juicios.

Según el letrado Ernesto Osuna, que calificó el acuerdo de "muy positivo" para todas las partes, en el cómputo de las penas se deberá descontar el tiempo que los ediles ya han pasado en prisión por sentencias de prevaricación urbanística. En el caso de Julián Muñoz, el ex regidor marbellí lleva cumpliendo pena desde el 30 de septiembre de 2006, cuando el juez ordenó la ejecución de la sentencia de una año de cárcel por el caso Proinsa -la concesión de una licencia para construir 150 viviendas en zona verde-. Por lo tanto, los 19 meses que Muñoz ha pasado en prisión como recluso penado -entró en la cárcel como preventivo por el caso Malaya en julio de 2006- se considerarían ya liquidados. De este modo, dentro de cinco meses Muñoz podría salir en tercer grado al haber cumplido dos tercios de la condena. Osuna calcula que en septiembre se podrá "poner en práctica" el acuerdo.

En junio, el fiscal y los letrados negociarán la situación de los ediles de la corporación 1999-2003, que se niegan a aceptar el paso por la prisión, aunque en muchos casos, las penas serían inferiores a doce meses. El fiscal, de momento, se mantiene firme en su posición de exigir que vayan a la cárcel. Entre estos ex concejales disidentes se encuentran Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez o Alberto García Muñoz.