Martes, 24/11/2009

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El PP dice que Chaves quiere tirar las casas en Marbella

JUANA VIÚDEZ - Marbella - 23/01/2008

 
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El PSOE anunció ayer que denunciará por injuriosas y difamatorias unas cuñas de publicidad radiofónica en las que el PP acusa al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de querer derribar las viviendas ilegales de Marbella.

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El vicesecretario local del PSOE, José Bernal, anunció que remitirá un escrito a la Junta Electoral de Zona y que sus servicios jurídicos estudian interponer una demanda contra el PP por atentado contra el honor.

Una de las cuñas que han provocado la intervención del PSOE marbellí dice textualmente: "Chaves y el Partido Socialista pretenden derribas las viviendas ilegales y quieren que los compradores de buena fe paguen con su patrimonio las consecuencias de lo que hicieron otros". En otra, se asegura que los gobiernos socialistas de Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero "han dicho no a que se devuelva a Marbella los bienes incautados en la operación Malaya".

El PSOE marbellí exige al PP que deje de difundir estas cuñas radiofónicas, que ya escuchan desde hace varias semanas, y reclama una rectificación en los mismos medios en los que se están difundiendo. Solicitarán la aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral.

Derribos y sentencias

"El derribo de las viviendas ilegales no lo decide la Junta, sino los jueces", recuerda Jaime Olcina, secretario de estrategia electoral del PSOE. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), ha repetido estos argumentos en numerosas ocasiones. En la mayoría de las ocasiones hace referencia a la solicitud de ejecución de sentencia que ha hecho el Gobierno andaluz con respecto a unas 40 licencias de obra declaradas nulas en los tribunales. En al menos tres resoluciones del TSJA, los magistrados han acordado esperar a que se apruebe el Plan General, opción a la que se ha avenido la Junta.

Los técnicos de la Junta han redactado el Plan General de la ciudad en el que se proponen la regularización de 18.000 viviendas ilegales y sólo deja fuera de ordenación unas 700 viviendas incompatibles con el modelo de ciudad que se propone. Sobre los bienes de Malaya, los socialistas defienden que no se puede tocar unas propiedades intervenidas judicialmente hasta que se celebre el juicio.


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