El PP se querella contra el exconsejero Fernández y otros 25 cargos e intrusos
El PP andaluz va a formalizar mañana una querella contra 26 personas por el caso de los ERE, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores generales de Trabajo y el actual director general, así como intermediarios e intrusos (prejubilados que jamás trabajaron en las empresas beneficiadas).
Los populares habían asegurado que llevarían ayer mismo su denuncia al juzgado de Sevilla. Sin embargo, la portavoz del PP, Rosario Soto, explicó que esperarán al lunes con el fin de "darle otra vuelta, pero está terminada". Eso no fue un impedimento para que presentaran ante los medios de comunicación un resumen del escrito -cuyo contenido completo, de 58 folios, no fue facilitado-, de modo que su publicación en los periódicos coincide con el día de más difusión de la semana: el domingo.
Según Soto, la querella habla de hasta siete delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles. La popular insistió varias veces en que la denuncia está abierta e irá incorporando "todas las cuestiones que vayan surgiendo de la investigación".
Seis de los denunciados son o han sido cargos de la Junta. Además de Fernández, figuran los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual titular de este departamento, Daniel Alberto Rivera; y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. El PP ha añadido cinco directivos de consultoras y empresas aseguradoras, a los que considera "intermediarios" de la tramitación de los falsos ERE: Juan Lanzas, excomercial del Estudio Jurídico Villasís durante varios años; Antonio José Albarracín, director general de Vitalia; Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia; Francisco José González, comercial de Vitalia; y José González Mata, administrador de Uniter e Ingotor Seguros.
La lista se completa con 15 intrusos, algunos de ellos militantes del PSOE y familiares.
El escrito, aseguró Rosario Soto, también pide que declaren el Interventor de la Junta cuando se produjeron los hechos, Manuel Gómez Martínez; el Interventor delegado de Control Financiero Permanente de las Empresas Públicas también de esa época, Ignacio García Revilla; y el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Sobre este último, Soto apuntó: "Tiene que dar explicaciones de si recibió algún tipo de órdenes para cambiar los procedimientos para la concesión de estas ayudas".
La popular dijo que, en síntesis, la querella sitúa el origen del presunto fraude en la creación de un sistema para otorgar subvenciones excepcionales evitando los controles, y destaca la diferencia de al menos 170 millones de euros entre lo reflejado en la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo y el dinero finalmente librado por los entes autonómicos que gestionaron estas ayudas.
Soto señaló que la denuncia no plantea financiación irregular del PSOE. No obstante, exigió responsabilidades políticas, en primer lugar, al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
