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Columna
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Patrimonio subacuático

El expolio efectuado por la empresa norteamericana Odyssey frente a las costas andaluzas ha devuelto a la actualidad la importancia de la arqueología submarina. La facilidad con la que una empresa localizó, extrajo y transportó a los EE UU el tesoro de un barco, al parecer español, llama la atención sobre la falta de control sobre un amplio patrimonio propiedad del Estado español. Tanto si los pecios están en aguas territoriales españolas como si son barcos de bandera española hundidos en otras aguas, son propiedad del Estado español y, en cualquier caso, merecen ser expuestos al público en vez de formar parte de un negocio privado. En un juzgado de Tampa ( Florida ) sigue el juicio sobre el medio millón de monedas de plata y oro extraídas por la empresa norteamericana y llevadas a EE UU desde Gibraltar. El pecio, denominado por la empresa Odyssey como Black swan, puede ser el buque español La Mercedes, hundido en aguas del Golfo de Cádiz con un importante cargamento de metales preciosos. El Gobierno español contrató los servicios del mismo bufete de abogados norteamericano que ganó el litigio sobre la propiedad de los restos de El Juno y La Galga, dos buques españoles hundidos frente a las costas de Carolina del Norte. El juez ha ordenado a la empresa que entregue toda la información sobre la localización del pecio y sobre el nombre del barco, lo que espera España para declarar su propiedad. De manera paralela, Odyssey ha comprado a otra empresa los derechos sobre un pecio situado en Carolina del Norte que pudiera ser El Salvador, hundido en 1750 cuando viajaba hacia España.

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Estos pleitos van a determinar el futuro de miles de restos de barcos, tanto españoles como de otras naciones, hundidos por todo el mundo. Los restos de un barco, ¿pertenecen al país en cuyas aguas se han encontrado? Si se demuestra que eran propiedad de un Estado soberano, ¿siguen siendo suyos? Por si acaso, la Real Academia de la Historia ha pedido que los restos de barcos españoles en todo el mundo sean declarados patrimonio de la humanidad, con lo que se evitaría, en parte, su expolio o, al menos, su comercialización legal. La Junta de Andalucía, mientras tanto, ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural hasta 55 yacimientos submarinos en toda la plataforma continental andaluza. Lugares señalados e identificados de manera exhaustiva por el Centro de Actividades Subacuáticas de la Junta de Andalucía con sede en la playa de La Caleta de Cádiz. La Junta inicia un expediente que tiene como fin garantizar la conservación de esos restos y puede mejorar la protección de los mismos. Porque no sólo está el caso de la ya famosa empresa norteamericana, que como cotiza en bolsa da publicidad a sus hallazgos. Hay innumerables buzos que sacan a escondidas cañones, ánforas y otros restos desde el fondo del mar. Siempre hubo un expolio continuado y casi natural en las zonas de mayor riqueza, como la provincia de Cádiz. A la vez, había un mercado clandestino en el que participaban, al principio, algunos buzos y luego anticuarios sin escrúpulos que sacaban restos para coleccionistas privados en todo el mundo. Hace años hubo incluso algún militar involucrado en el tráfico de objetos extraídos de pecios situados en el litoral gaditano.

Las fantasías de algunos historiadores o aprendices de tales que señalan fabulosos tesoros en barcos hundidos en el Golfo de Cádiz ha excitado la codicia de muchos que han visto la oportunidad de lucrarse. Hubo quien dijo que en la Bahía de Cádiz había más oro que en el Banco de España, lo que a todas luces es una afirmación temeraria porque nadie ha podido demostrar la riqueza en metales preciosos de los barcos que se hundieron en estas costas. Y lo que es más importante, que los supuestos tesoros sigan enterrados en el lecho marino sin que nadie, en los últimos tres siglos, haya sido capaz de rescatarlos. Es cierto que puede haber tesoros, no sólo en aguas andaluzas, sino en otros lugares. Y no es menos cierto que son de todos los españoles y es necesario preservarlos.

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