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Columna
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Piratas del Estrecho

Con respecto al tesoro extraído por el Odyssey hay algunas evidencias: 1) el Gobierno español ha sido engañado, no se sabe si con la anuencia del británico; 2) se ha expoliado de manera irremediable un pecio y toda la información que de ése podía sacar, y 3) se ha generado una expectativa tal sobre los tesoros sumergidos y la falta de vigilancia en las costas andaluzas que se van a multiplicar los intentos de saqueo. A partir de aquí se han producido también elucubraciones como la coincidencia entre el estreno mundial de la nueva secuela de Piratas del Caribe y el anuncio de la captura del tesoro como una operación comercial entre la Disney y la empresa Odyssey Marine Explorations, que por cierto cotiza en bolsa y ha visto cómo se duplicaba el valor de sus títulos. Se han publicado también declaraciones de tripulantes y oficiales del Galicia y el Neptuno en las que se afirma que la Armada estuvo vigilando la actuación del Odyssey y enviando la preceptiva información al Estado Mayor. Si es así, sería increíble que el Gobierno supiese de las actuaciones de los cazatesoros y permaneciese al margen.

La única autorización fue la que concedió el Ministerio de Asuntos Exteriores al Odyssey para localizar los restos del Sussex, hundido cerca de Gibraltar, con la condición de que arqueólogos de la Junta fueran a bordo y sin permiso para extraer pieza alguna. También llama la atención que el Servicio de Vigilancia del Estrecho (SIVE), que tantos medios técnicos y humanos tiene, no haya observado la labor de un barco como éste, máxime cuando se tenían noticias de sus intenciones. Imaginamos que en los registros del SIVE constarán las coordenadas donde ha estado operando el barco. Hay quienes dicen haber consultado otro medio de control por satélite de los movimientos de buques, el Aislive, propiedad del consorcio de seguros Lloyds, en el que, al parecer, se determinan las coordenadas donde ha trabajado el Odyssey dentro de las aguas jurisdiccionales españolas.

El resultado son 17 toneladas de oro y plata en 500.000 monedas, no se sabe si reales de a ocho, como han publicado algunos medios. La empresa propietaria del barco se niega a dar las coordenadas del pecio así como el nombre y la nacionalidad del barco hundido y de las monedas extraídas. Hay que reseñar que según las diferentes convenciones y el derecho internacional, los barcos pertenecientes a un Estado soberano siguen siendo de su propiedad aunque hayan naufragado en aguas de otro país. Este principio fue aceptado por EE UU con un decreto firmado por Bill Clinton a raíz del pleito por la titularidad del contenido del Juno y La Galga, barcos españoles hallados en aguas de Virginia que una empresa pretendía extraer y España consiguió el reconocimiento de sus derechos. Quizá por este precedente Greg Stemm, uno de los propietarios de Odyssey Marine, se niega a dar información y sacó el tesoro de noche por el aeropuerto de Gibraltar para llevarlo a Tampa, Florida, con objeto de escapar del escrutinio de las autoridades españolas y obtener el 90% del valor del hallazgo que establece la legislación norteamericana.

Conviene recordar todos los casos de saqueadores de tesoros en las costas de Cádiz como los 14 afectados en la denominada Operación Bahía, cuando la Guardia Civil entró en dos barcos atracados en El Puerto de Santa María (el Louisa y el Géminis) y descubrieron todo tipo de piezas arqueológicas y cinco fusiles de asalto. El líder del grupo, el norteamericano John Foster, huyó a tiempo a los EE UU y no ha dado señales de vida. La escasa sensibilización y la falta de vigilancia ponen en riesgo los cerca de 800 barcos hundidos en las costas andaluzas, con una carga que algunos expertos valoran en 100.000 millones de euros. Desde que Mel Fisher hallara el fabuloso tesoro del Nuestra Señora de Atocha en la Florida, los depredadores no han hecho más que crecer. Robert Marx, Frank Goddio, Claudio Bonifacio y muchos otros han puesto sus ojos en los galeones españoles y en la huella que sus naufragios dejó en el Archivo de Indias.

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