Querellas del PP y Manos Limpias por el caso de los ERE
El PP interpuso ayer una querella contra 26 personas por el fraude detectado en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía, donde se han localizado a beneficiarios de ayudas que no habían trabajado en las empresas afectadas y otras irregularidades administrativas. La acción del PP va contra dirigentes socialistas, a los que acusa de haber permitido las irregularidades, los intermediarios que las hicieron posibles y los "intrusos", como se conoce a los adjudicatarios de subvenciones que no les correspondían.
A esta querella se sumó ayer otra de la organización Manos Limpias, admitida parcialmente por la juez del caso, Mercedes Alaya, contra los responsables de la Consejería de Empleo, a quienes considera que pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.
El PP acusa a los 26 querellados de supuesta malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
Denunciados
Entre los denunciados figuran el anterior consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor, el actual responsable de este departamento, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
También figuran implicados cinco directivos de empresas o intermediarios que facilitaron las ayudas a los intrusos. Son el ex dirigente de UGT Juan Lanzas; Antonio José Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González, de Vitalia; y José González Mata, de Uniter e Ingotor Seguros, según informó el PP.
El PP pide que declare el interventor de la Consejería de Hacienda cuando el titular de la misma era el ahora presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Un informe de la Intervención advirtió de supuestas irregularidades administrativas en los ERE, pero no de la existencia de prácticas que supusieran menoscabo de dinero público. Griñán sostiene que no supo de estos informes, mientras que el PP sostiene que tuvo que conocerlos y, por lo tanto, ocultó los fraudes.
