Reformas pendientes
Acaba el año y el caso del juez Tirado ya no es caso. Ha terminado con una multa de 1.500 euros que deberá pagar el juez de su bolsillo, salvo colecta entre compañeros. Una sanción que ha contentado a la mayor parte de la judicatura; el resto del personal, especialmente gobernantes y políticos, esperaban una bien distinta, que calificaban de sanción ejemplar y ejemplarizante; pretendían que este juez quedara como su compañero Calamita en paro y sin desempleo. Como no ha sido así tenemos a unos y otros tratando de explicar a los ciudadanos que el órgano de gobierno de los jueces no ha funcionado; que las leyes tienen fisuras y los jueces las interpretan a gusto para protegerse unos a otros; que hay que cambiarlas de forma que la responsabilidad y sanciones a imponer eran las anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno y por el ministro Bermejo. Al final, nos ha quedado una de tres años de suspensión de empleo y sueldo para la secretaria; una de inexistencia de responsabilidad del fiscal encargado de exigir el cumplimiento de la sentencia que no fue cumplida mediante el ingreso en prisión del pederasta acusado del asesinato de Mari Luz, y una más de 1.500 euros para el juez.
Total, y a la vista de las sanciones, debe ser que la secretaria del juzgado era la encargada de juzgar, ejecutar lo juzgado y de exigir el cumplimiento de las penas impuestas en sentencia. Todo un disparate que las dudas que ha resuelto, si es que las había, son que los jueces son poder que se basta a si mismo y que corrige desde dentro lo que estima debe corregir como un buen padre -también madre- a sus hijos. Responde, casi como Franco, frente a sí mismo y frente a la Historia. No rinde ni va a rendir cuentas ni va a aceptar pacíficamente, por mucho que hable el ministro Bermejo, ser reformado. Decía Fernández Ordóñez, siendo ministro de Justicia, que sería una lastima que la falta de medios se convirtiera en una coartada permanente de todos los fracasos de la administración de justicia.
Hoy, entiendo que con un mínimo sentido común, que la no satisfacción o cumplimiento de la sentencia y permitir que siguiera en libertad un pederasta es uno de estos fracasos. Tampoco resulta muy discutible que, desde que realizara Fernández Ordóñez aquellas manifestaciones, han trascurrido 30 años y en este tiempo se ha pasado de las antiguas máquinas de escribir a los ordenadores; de los juzgados en cualquier local a palacios de justicia y de percibir los jueces poco más de 100.000 pesetas mensuales en 1981 -salvo en Canarias- a más de 50.000 euros anuales los jueces recién aprobadas oposiciones y más de 120.000 los del Tribunal Supremo. Algo se ha avanzado, por lo que no se comprende, salvo desde el corporativismo, esta violencia de los jueces amenazando con huelgas y esta entrega de la cuchara del actual Consejo General del Poder Judicial no tanto respecto de la sanción a un juez que, en tanto no se diga judicialmente lo contrario, ha de aceptarse conforme a derecho, si no a la manera que ha formado su convicción sancionatoria -dividida entre vocales jueces y no jueces-, así como frente a las advocaciones informáticas de los jueces invitando a la rebelión, recordando los mejores tiempos de Francisco Alcaraz en la presidencia de la AVT.
En fin, el nuevo año contará si la sanción es la acertada o ha sido impuesta como una muestra de voluntad del actual Consejo para que los jueces no la sigan liando. Se va a saber pronto. Si de las amenazas de huelga y paro pasamos a una situación de comprensión con la falta de medios, al tiempo que a los jueces se les incrementan sus retribuciones muy por encima del resto de los funcionarios del Estado y del tiempo de crisis, cobran atrasillos y a sus miembros no se les exige la misma responsabilidad que al resto de los mortales, habrá que pensar que es verdad que somos una casta y que mantienen el dominio frente a todo y a todos, y frente a la ley. Un panorama que no se soluciona con leyes nuevas en materia sancionadora mientras las interpreten y apliquen los propios jueces. Confiemos en que el nuevo año traiga la reforma judicial que falta.
