Salidas que cuestan millones

Cajasur firmó en septiembre de 2001, cuando el presidente era Miguel Castillejo, un contrato con la aseguradora Caser por el que el sacerdote percibiría una renta vitalicia cuando abandonara la caja. La entidad desembolsó 2,9 millones de euros para cubrir esta póliza que, cuando él fallezca, pasarán a cobrar sus cuatro hermanas en orden descendente. Aquel blindaje se produjo antes de que la Junta aprobara la Ley Andaluza de Cajas, que impide este tipo de operaciones. Fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que finalmente avaló la legalidad de la póliza en junio de 2006. "Es legal pero no moral", dijo entonces el PSOE.

De esa misma época, de antes de que se aprobara la nueva ley de Cajas, data el blindaje que tiene, según fuentes de la entidad, Diego Jordano, hasta ayer director general de los Servicios Institucionales y Jurídicos. Estas mismas fuentes, cifraron su protección en dos millones de euros. Sin embargo, aseguraron que la indemnización que cobrará todavía no está cerrada.

Jordano y Castillejo no eran los únicos que habían asegurado su salida de la caja cordobesa. Francisco Jurado, antiguo director general, también había cifrado su indemnización en 1,2 millones. Sin embargo, fuentes de la entidad sostienen que Jurado, tras su salida de Aconsa después de la auditoría externa, ha renunciado a su blindaje.

En el consejo de ayer se expusieron unas primeras conclusiones de la auditoría en las que se alerta de algunas irregularidades cometidas por Jurado presuntamente. Según fuentes del consejo, en total, se han detectado más de 20 "operaciones consideradas irregulares bajo los principios que deberían regir una entidad financiera". Estas mismas fuentes aseguraron que, una vez concluya la auditoría, los servicios jurídicos de la caja estudiarán qué medidas se adoptarán.