Sólo uno de los 770 municipios ha convocado consulta popular en 23 años

¿Para qué sirve una ley que no se usa? Todos los ayuntamientos pueden legalmente desde 1985 convocar consultas populares sobre asuntos municipales, pero tan sólo uno (Montellano, Sevilla) de los 770 municipios de Andalucía se ha atrevido a dar voz a los vecinos en época no electoral. También los ayuntamientos de Almuñécar (Granada) y Morón (Sevilla) lo intentaron en 2005 y 2004, pero el Gobierno central les cerró la puerta al plantear asuntos que escapaban del ámbito de sus competencias.

La ley de Régimen Local, de hace 23 años, lo prevé y la ley andaluza de Consultas Populares, de 2001, dicta el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos. La falta de hábito, el miedo político al fracaso y el coste económico de la operación son algunas de las razones que los responsables políticos consultados alegan para explicar el por qué no se abre las puertas a la democracia directa. El Ayuntamiento de Jódar (Jaén) lo ha intentado ahora a las bravas sin seguir la ley y su alcalde se las ha visto con el juez.

"El sistema de democracia directa está poco asentado", dice Clara Aguilera

El Gobierno vetó las consultas en Morón y Almuñécar por rebasar la ley

Al Ayuntamiento de Montellano le faltó tiempo para estrenar la ley autonómica de 3 de mayo de 2001. En ese mes, ya puso en marcha todos los mecanismos para celebrar una consulta -aprobación por el pleno municipal, información pública, aprobación por el Consejo de Ministros- con la pregunta siguiente: "¿Está usted de acuerdo con la incorporación de Montellano al consorcio de agua del Huésnar?". El 68% del censo fue a votar el 9 de junio de 2002 y el 70% tumbó la propuesta que, entonces, apadrinaban todos los grupos (PSOE, PP e IU). Al PSOE, en el gobierno, a punto estuvo de salirle cara la operación. En las elecciones siguientes perdió la mayoría absoluta.

El alcalde actual, el socialista Francisco Salazar, aprendió rápido la lección. Pese a que la consulta no tiene valor vinculante, rompió el preacuerdo con el consorcio, creó una mesa del agua, acometió reformas de infraestructuras e impulsó la creación de 14 mesas de participación, en una localidad que con casi 7.000 habitantes hay 34 asociaciones.

Salazar asegura que hoy volvería a poner en manos de los ciudadanos decisiones "estratégicas" sobre Montellano, pero recalca la necesidad de que éstos tengan toda la información en su mano. "La consulta hay que verla como una oportunidad. Si hay una cuestión sobre la que tuviéramos dudas, no me parece malo hacer una consulta, pero siempre sin ir con una posición cerrada de antemano", afirma. En caso contrario, el sí o el no de la papeleta puede convertirse en un arma contra el gobierno local.

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), comparte esta posición y defiende que los ayuntamientos deberían someter a consultas cuestiones "blandas" y sin que el gobierno local someta a refrendo su política, la cual, al fin y al cabo, tiene su examen final cada cuatro años en las elecciones municipales.

El alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), asegura que no es fácil tomar esa decisión, sobre todo por los gastos que genera para el municipio (éstos son los que deben pagar la consulta) y porque ve "poco definida la dinámica procesal". En su opinión, la consulta popular debería convocarse cuando afectan a "cuestiones de futuro" de la ciudad. "En esos casos sería conveniente, porque se decide sobre temas que afectarán a generaciones futuras". El alcalde baraja cambiar el ferial de sitio y por la cabeza le ronda la posibilidad de consultar a los motrileños. "Así te evitas que luego hagan especulaciones de por qué un sitio y no otro", explica.

La consejera de Gobernación Clara Aguilera, asegura que la falta de uso de la ley se debe a que el "sistema de democracia directa está poco asentado". Y cree que los alcaldes no lo utilizan porque su "gestión y programa electoral se evalúa cada cuatro años en las urnas. Es un sistema de democracia representativa".