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El Supremo da vía libre a un hotel junto a las salinas de Cabo de Gata

La Junta pierde un litigio contra la licencia de obras que ha durado 11 años

La amenaza de la proliferación del ladrillo planea una vez más sobre el parque natural de Cabo de Gata, donde se acaba de dar luz verde al permiso concedido hace una década para construir un hotel junto a uno de los espacios más vírgenes y de mayor valor ecológico del parque natural: las salinas.

Tras años de litigio, y según avanzó ayer el diario local La Voz de Almería, el Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta tras el recurso que puso Junta de Andalucía contra la decisión del Ayuntamiento de Níjar, gobernado entonces por el socialista Joaquín García, de otorgar licencia de obras y de apertura a la empresa Círculo Agroambiental.

Esta sociedad mercantil del constructor riojano Marcos Eguizábal, fallecido en agosto de 2009, fue la que promovió en 1999 el controvertido proyecto. Su intención, auspiciada por el ente local, era la de construir un hotel de 50 habitaciones en suelos no urbanizables del paraje conocido como Campillo de Gata, situado en la zona norte de las salinas.

Los ecologistas ven el proyecto como un "atentado inadmisible"

El complejo que, según se anunció entonces, se iba a encargar al arquitecto portugués Álvaro Siza, galardonado con el premio Pritzker en 1992, preveía ocupar más de 3.000 metros cuadrados de terreno. A ellos se unían otras tres hectáreas de zona ajardinada, según consta en un escrito que Ecologistas en Acción envió en enero de 2000 a la Consejería de Medio Ambiente.

Pese a los intentos de la Junta de Andalucía de lograr que se anularan estas licencias, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) avaló su validez el año pasado por defectos formales y por considerar insuficientes los argumentos esgrimidos por la administración autonómica. Ésta anunció entonces la presentación ante el Tribunal Supremo de un nuevo recurso del que finalmente desistió, tal y como señala el auto del mismo tribunal que da ahora por terminado el procedimiento.

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La decisión judicial, notificada días pasados a las partes, generó ayer la alarma entre los grupos ecologistas, que temen una reactivación del proyecto. A él se refieren ya como "segundo Algarrobico", en referencia al polémico hotel convertido en todo un símbolo de la destrucción del litoral, que amenaza ruina a la espera de que los tribunales resuelvan la maraña judicial abierta para intentar que el lugar recobre su estado natural.

"Bastante tenemos con un Algarrobico, para generar ahora otro", advirtió ayer José Rivera, presidente del grupo ecologista Mediterráneo y miembro de la junta rectora del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Si los derechos reconocidos ahora a la empresa, heredada por la prole de Eguizábal, se traducen en una reactivación del proyecto "el impacto será fortísimo" sobre Las Salinas, alertó el representante ecologista.

Esta zona prácticamente virgen que carece de dotaciones para albergar un edificio de las características del hotel proyectado está formada por 380 hectáreas de superficie inundable que constituye una de las joyas de Cabo de Gata.

Entre otras consecuencias negativas, Rivera señala que "los pájaros no lo soportarían", en referencia a las 80 especies que alberga este espacio de excepcional valor ecológico, que es parada obligatoria de las aves que migran del norte de Europa a África.

"La zona debe mantener su estado actual", exigió Rivera. Su opinión la comparten en lo esencial la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Níjar, ahora gobernado por el PP. Su alcalde, Antonio Jesús Rodríguez, reconoció el derecho de la empresa a construir el hotel, si bien aseguró que edificar en una zona altamente protegida "no sería lo mejor" para el parque.

Por ello, como alternativa, el alcalde ha pedido respaldo a la Junta para crear un área de desarrollo residencial y hotelero fuera del espacio protegido .

Sin coger el guante del consistorio, la Consejería de Medio Ambiente aseguró que hará todo lo que esté "en sus manos" para preservar el estado de la zona. "Una cuestión es la legalidad de la licencia y, otra bien distinta, la ejecución de un proyecto que pueda afectar a los valores ambientales", según la Junta, que recuerda que el proyecto si sigue adelante debe pasar aún filtros como la declaración de impacto ambiental.

Para los ecologistas, ejecutar el proyecto "sería una barbaridad, un atentado inadmisible contra el corazón del parque natural".

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