El Supremo mantiene de forma cautelar la segregación en los colegios

Si los planes de la Consejería de Educación se hubieran cumplido, los 12 colegios concertados que en Andalucía todavía separan por sexos a sus alumnos se habrían quedado este curso sin dinero público. La Junta dio de plazo dos años para que estos centros se convirtieran en mixtos si querían seguir manteniendo las subvenciones.

Pero los colegios afectados recurrieron las órdenes de Educación de 2009 que ponían fin a sus conciertos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El alto tribunal no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto, pero decidió suspender cautelarmente el fin de los conciertos. El Gobierno regional, a su vez, decidió recurrir esta suspensión ante el Tribunal Supremo, que, en un fallo fechado el 12 de enero y que hace referencia al caso del colegio Albaydar de Sevilla, rechaza las pretensiones de la consejería, con lo que este colegio seguirá recibiendo fondos públicos.

El Supremo concluye en su fallo que, mientras el TSJA resuelve sobre el fondo del asunto, el concierto con el colegio debe continuar. La patronal CECE, que ha sido la que ha llevado a los tribunales el asunto, espera que en el caso de los 11 centros restantes ocurra lo mismo. El Supremo, además, ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar las costas de este recurso, aunque impone un tope de 3.000 euros.

Antecedentes

Andalucía y Cantabria han sido las únicas comunidades que han intentado acabar con los conciertos con los colegios que segregan por sexos.

El Gobierno andaluz ya lo intentó en 1999. Una orden de la consejería prohibió entonces que se separara a los alumnos según el sexo. Pero varios centros recurrieron la norma y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón en 2006.

Sin embargo, la Consejería de Educación retomó en 2009 este asunto al conocerse otro pronunciamiento judicial. El Supremo dio el visto bueno en mayo de 2008 a la potestad de las administraciones educativas para suprimir la segregación en los centros sostenidos con dinero público. La sentencia hacía referencia a un caso de Castilla-La Mancha similar al ocurrido en Andalucía en 1999, cuando el TSJA tumbó la orden contra la segregación.