El TSJA decidirá sobre el 'caso Marta'
El fiscal recurre y pide que un jurado popular juzgue a los acusados
La Fiscalía de Sevilla ha decidido finalmente recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que el asesinato de Marta del Castillo sea enjuiciado por un jurado popular y no por un tribunal profesional, como ha determinado el magistrado de la Audiencia Provincial designado para presidir la vista oral, Javier González.
El magistrado dio la sorpresa el pasado agosto cuando decidió, en contra de la decisión del juez instructor, Francisco de Asís Molina, que el caso se enjuiciara por un tribunal profesional. El juez González entiende que la investigación ha dejado claro que el objetivo principal de los acusados era agredir sexualmente a la joven sevillana, un delito que no entra en las competencias del jurado popular, y que la muerte de Marta fue una consecuencia derivada de este propósito.
La Fiscalía ve las cosas de otra manera: el ministerio público considera que no está claro cuál era el objetivo de los cuatro acusados encabezados por Miguel Carcaño, y se acoge a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que cuando existan dudas sobre el objetivo principal de los acusados deberán ser juzgados en función del delito más grave que se les impute. En este caso, el asesinato, un tipo penal que entre las competencias del jurado popular.
De este modo, la Fiscalía se suma a la familia de Marta del Castillo, que la semana pasada anunció que interpondrá un recurso contra la decisión adoptada por el magistrado González. "No entiendo cómo a estas alturas del procedimiento se puede decidir que el caso vaya por un tribunal profesional", se quejó, Antonio del Castillo, padre de Marta, que desapareció en enero de 2009 y cuyo cadáver no ha sido encontrado, después de que el presunto asesino, Miguel Carcaño confesara ser el autor del crimen. "Es una decisión que ha sorprendido a toda la familia, pero vamos a recurrir al TSJA y llegaremos a donde haga falta", aseguró el padre de la joven, que tenía 17 años cuando fue asesinada.
Tras conocerse la confesión de Carcaño y sus estrategias para ocultar el paradero del cadáver, la familia de la víctima inició una campaña para instaurar la cadena perpetua.
