Teófila Martínez gasta 600.000 euros en un censo para rebatir al INE

A partir de hoy 14 agentes recorrerán las calles de Cádiz en busca de los habitantes perdidos. Al Ayuntamiento gaditano, gobernado por el PP, no le gustan los balances oficiales que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) que revelan que la ciudad se ha quedado sin 17.041 empadronados en la última década. Por eso ha invertido 600.000 euros en poner en marcha un censo propio "más exhaustivo" además de fomentar el empadronamiento mediante incentivos y amenaza de multas para los que se resistan.

La elaboración del nuevo censo durará siete meses. Buscará contrastar la sangría poblacional que ha sufrido la capital gaditana que revelan los datos del INE y que el equipo de gobierno municipal no termina de creerse agarrándose al aumento del consumo del agua o de generación de basuras. Al trabajo de los agentes se sumará una intensa campaña de publicidad en medios de comunicación para difundir las intenciones del censo y favorecer la colaboración de los vecinos. El precio de esa promoción no está incluido en los 600.000 euros previstos, en los que sólo se contabilizan los medios técnicos y humanos que supondrá realizar esta estadística.

El Consistorio culpa de los datos oficiales a numerosos residentes en la ciudad que no se empadronan. Para ellos, el Ayuntamiento trabajará en dos líneas bien diferentes. Una en positivo y otra en forma de amenaza. Primero tratará de convencerles mediante incentivos: para los empadronados en la capital gaditana habrá rebajas en el transporte público, servicios juveniles, acceso a guarderías o entrada a los polideportivos municipales. Los trámites del empadronamiento se simplificarán al máximo. Los interesados podrán llamar al teléfono gratuito 900712714 o solicitarlo por Internet en la página web municipal. Para los que estas ventajas sigan sin convencerles, el equipo de gobierno lanza una advertencia: habrá multas de hasta 3.000 euros a los que insistan en rechazar los requerimientos municipales, aunque se asegura que el espíritu de la campaña no es sancionador.

El PP duda de los datos oficiales. Fuentes del INE explicaron ayer que cada ayuntamiento aporta su propio padrón que es contrastado con los datos que llegan al instituto en el denominado consejo de empadronamiento, del que salen las cifras oficiales que sirve, por ejemplo, para valorar la participación de ingresos en el Estado de estos municipios o los censos electorales. Los censos elaborados por los ayuntamientos, según las mismas fuentes, no tendrían esa validez oficial, aunque pueden aportar información estadística. El teniente de alcalde de Hacienda, José Blas Fernández, criticó ayer que el INE se limite a analizar las bajas y altas en el padrón sin tener en cuenta las características de cada ciudad. "Aquí no hay una emigración masiva como se dice por ahí", aseguró ayer Fernández. "Lo que hay es un movimiento a otros municipios de la bahía de gente que sigue trabajando en Cádiz y a los que tenemos que dar servicios cada mañana cuando entran, aunque no estén empadronados", se lamentó. "Se ponen semáforos, policías, limpieza para gente que entra y luego se marcha", añadió.

El resultado se tendrá listo a finales de año. Será entonces cuando se conozca si, como apunta el Ayuntamiento, el número de habitantes es mayor que es el que registra el INE. También se ha firmado un convenio con el colegio de administradores de fincas para que se conozca el número de residentes que hay en cada casa registrada en este colegio.

La pérdida de población ha sido uno de los principales argumentos de la oposición contra la política económica del PP desde que gobierna en 1995. Le recuerdan que, a pesar de la sangría de habitantes, el desempleo se ha estancado entre los 11.000 y los 12.000 habitantes. El PSOE cree que el dinero previsto para este censo es un "despilfarro" de dinero público.