Torremolinos reintenta una operación vetada, por la que ya cobró 5,3 millones

El Ayuntamiento de Torremolinos ha elaborado un nuevo proyecto de ordenación urbanística de El Pozuelo con el que trata de dar cumplimiento a las exigencias de la Consejería de Medio Ambiente, que en dos ocasiones ha emitido informe contrario para la recalificación del suelo, una parcela de 166.000 metros cuadrados junto a la AP-7. La cuestión es que el Ayuntamiento de Torremolinos ya recibió hace casi cuatro años 5,3 millones de euros y tres solares valorados en 1,3 millones de Arenal 2001, promotora del empresario cordobés Rafael Gómez, Sandokán, con la que firmó un convenio urbanístico según el cual ésta podría construir unas 750 viviendas.

Para ello se precisaba la recalificación del suelo, que es no urbanizable, y, de no conseguir el visto bueno de la Administración autonómica, el Ayuntamiento tendría que devolver el dinero recibido más la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, que en su informe de fiscalización sobre los patrimonios municipales de suelo dejó constancia de irregularidades en el Ayuntamiento de Torremolinos, ya advirtió de que el consistorio había cobrado y gastado indebidamente el dinero cobrado por este convenio y de las posibles consecuencias negativas que ello podría acarrearle. Los 5,3 millones de euros cobrados anticipadamente suponen el 50% del valor pactado en la operación. El resto debe abonarse en un plazo máximo de 10 días desde que se produzca la aprobación definitiva de la modificación de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos para cambiar el uso del suelo de rústico a urbanizable sectorizado.

El equipo de gobierno que preside Pedro Fernández Montes (PP) llevó al pleno del pasado día 29 de abril una moción de urgencia con un nuevo proyecto para la zona, que contempla una serie de arboledas en taludes para reducir el impacto acústico que produce la carretera AP-7, con la que linda el terreno que se pretende recalificar. En esa misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el nuevo PGOU de la ciudad. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo rechazó en junio de 2006 la recalificación de El Pozuelo porque el informe de impacto ambiental era negativo y consideraba "inviable el uso residencial" por los ruidos de la carretera. Según las mediciones de Medio Ambiente, "aproximadamente más del 90% de la parcela se encuentra afectada por curva isofónica de más de 45 decibelios, nivel sonoro máximo permitido en la normativa vigente para un área de tipo II levemente ruidosa".

Medio Ambiente llegó a emitir hasta dos informes de impacto contrarios al proyecto residencial en El Pozuelo, el segundo tras unas mediciones encargadas a una consultora independiente por el Ayuntamiento que no lograron disminuir el impacto acústico. El proyecto modificado presentado ahora por el Ayuntamiento debe ser sometido a un nuevo informe de impacto ambiental.

La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió en marzo un procedimiento por responsabilidad contable contra Torremolinos a petición de la fiscalía especial de este organismo, tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Éste recoge que el Ayuntamiento de Torremolinos "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su suelo, incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales". Además, el PSOE presentó una denuncia en Fiscalía por el gasto indebido de 16,6 millones de euros que el Ayuntamiento ingresó en 2005 por dos convenios urbanísticos antes incluso de que éstos fueran aprobados por el pleno municipal.