De Urquía pide volver a un juzgado tras su condena

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto estudiar hoy la petición de reincorporación al puesto del magistrado Francisco de Urquía, condenado a 21 meses de suspensión por cobrar un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

De Urquía solicitó reingresar en el servicio activo de la carrera judicial "a fin de participar en el primer concurso de destinos que se produzca". El magistrado, que fue apartado de la judicatura cautelarmente en julio de 2007, hace justo 21 meses, no podrá coger de inmediato la toga, ya que sobre él pesa otra suspensión provisional por otra causa en la que está imputado. Urquía está siendo investigado por prevaricación y cohecho al haber pedido presuntamente dinero a cambio de resoluciones favorables a varios imputados en el caso Hidalgo de blanqueo de capitales, que instruía él hasta que se destapó el escándalo del cobro del soborno de Roca.

El juez marbellí ha tenido que aportar un certificado de penales

De Urquía no podrá volver al juzgado que ocupaba antes de ser condenado

El juez tampoco podrá reincorporarse a su antiguo puesto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. El pasado 16 de abril, el CGPJ se reunió para "declarar la pérdida del destino que ocupaba el magistrado" en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se le condenaba por cohecho. En esa reunión, el máximo órgano de gobierno de los jueces, decidió que la plaza de la que De Urquía era titular se incluiría en el siguiente concurso de traslados entre magistrados.

La petición de reincorporación de Francisco de Urquía, vino acompañada de un certificado de antecedentes penales, otro demostrativo de no encontrarse incapacitado física o psíquicamente para el desempeño de la función judicial y una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad para este puesto, según la agencia Europa Press.

La sentencia del Tribunal Supremo condenaba al magistrado por cohecho al haber cobrado los 73.800 euros de Roca a cambio de prohibir en marzo de 2006 la emisión de un programa de televisión sobre el patrimonio del ex asesor urbanístico de Marbella. El alto tribunal le absolvió, sin embargo, del delito de prevaricación por el que había sido condenado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en agosto de 2008. El Supremo entendía que el hecho de saltarse el turno de reparto de los juzgados marbellíes y el no haber consultado a la Fiscalía ni al periodista autor del reportaje sobre la suspensión del programa eran irregularidades procesales de escasa importancia, y que la decisión de prohibir la emisión no era injusta por sí misma.

Con el dinero cobrado de Roca, el magistrado abonó la entrada de su vivienda en la urbanización de lujo Azalea Beach de Marbella. Una copia del contrato de compra del apartamento fue hallado durante el registro de Maras Asesores, el despacho privado desde el que Roca controlaba el urbanismo marbellí.