Varios municipios de Jaén recortan sus previsiones de crecimiento urbanístico

Jaén capital y al menos ocho municipios (la mayoría de ellos del área metropolitana de la capital) se van a ver obligados a recortar sus previsiones de crecimiento urbanístico para los próximos años para adaptarse al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que establece que ningún municipio podrá aumentar su población en un 30% y su suelo urbanizable en un 40% en ocho años.

En el caso de la capital, el equipo de gobierno, del PP, pretende aprobar el próximo día 19 el avance del nuevo PGOU, pero el concejal de Urbanismo, Manuel Peragón, ya ha admitido que se recortarán las previsiones iniciales, que eran las de construir 50.000 nuevas viviendas (Jaén tiene ahora 116.000 habitantes). Peragón asegura que, "aunque el espíritu de la norma es loable", para las capitales y núcleos grandes "supone una asfixia", por lo que aboga por una nueva regulación que no trate por igual a todos los municipios.

Curiosamente, el alcalde de La Guardia (3.300 habitantes), Juan Morillo, también del PP, opina todo contrario, pues cree que los grandes perjudicados de la norma del POTA son los pequeños municipios. La Guardia ha previsto duplicar su actual parque de viviendas (2.500). "Es una norma anticonstitucional, y, por mucho que nos diga la Junta, vamos a seguir censando ciudadanos", reta el alcalde.

Otro municipio afectado es La Iruela (1.900 habitantes), en la entrada del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Aunque el nuevo PGOU ya se había aprobado provisionalmente, el Ayuntamiento lo va a empezar de nuevo. El alcalde, José Antonio Olivares (PSOE), admite que habían recibido informes desfavorables de Obras Públicas (se preveía duplicar su actual parque de viviendas), y ahora se hará "un planteamiento más ajustado y adaptado a la ley".

También se verá obligado a revisar sus expectativas Torredonjimeno (13.957 habitantes), donde el avance del PGOU preveía la puesta en el mercado de un millón y medio de metros cuadrados de suelo urbanizable. Su alcaldesa, María Teresa Martínez (PA) aún no ha evaluado la incidencia de la nueva norma.

En Mancha Real (10.100 habitantes) ocurre algo parecido. El avance del PGOU ya se aprobó antes de contar con la norma del POTA, por lo que su alcalde, Francisco Cobo (PSOE) indica que ahora será necesario adaptarlo, lo que implicará una rebaja en el crecimiento urbanístico previsto (en torno al 50% de su parque de viviendas). Algo similar va a ocurrir en Torredelcampo (14.000 habitantes), donde su alcalde, Blas Sabalete (PSOE), asegura que se ajustarán a la ley. También en Los Villares (5.400 habitantes) su alcaldesa, Carmen Anguita (PSOE), asegura que no habrá problemas en adaptarse a la ley, aunque eso implica construir a la baja. Por su parte, los ayuntamientos de Cazorla y Mengíbar aseguran que los crecimientos previstos están por debajo de los límites del POTA.