Vuelve la minería, con problemas

Andalucía occidental guarda bajo sus pies un filón. La denominada Faja Pirítica Ibérica, una rica área geológica que se extiende por el subsuelo del sur de Portugal y por las provincias andaluzas de Huelva y Sevilla, lleva siglos ligada a la minería. De las entrañas de esta tierra los tartesos y, principalmente, los romanos generaron una rica industria. Prueba de la importancia de esta zona son las alrededor de 85 minas -la mayoría en desuso- que hay a lo largo de la faja, que tiene 250 kilómetros de largo y otros 30 de ancho.

Pero, ese mismo filón generador de riqueza, puede acabar convirtiéndose en una bomba ecológica. Así ocurrió hace ya más de 13 años, cuando la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar reventó. Por la brecha de 50 metros de ancho que se abrió en uno de los muros del embalse salieron seis millones de metros cúbicos de residuos tóxicos. El vertido afectó a 4.600 hectáreas en nueve municipios de la provincia de Sevilla. La restauración ambiental de la zona ha costado 240 millones a la Junta de Andalucía y al Gobierno central. Y la multinacional sueca propietaria de la mina y del embalse, Boliden, no ha pagado todavía por aquel enorme desastre ecológico.

Las tres propietarias de Riotinto han sido sancionadas con 12 millones de euros

Medio Ambiente también expedientó a la explotación de Cobre Las Cruces

El último varapalo judicial se ha conocido esta semana: el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJA por la que se anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 2004 en el que se obligaba a Boliden -y a sus filiales en Holanda y España- a pagar 89,9 millones de euros por la restauración de la zona. La Junta ha ido agotando las vías judiciales sin que haya conseguido hasta el momento una respuesta positiva.

El último paso, tras la reciente sentencia del Supremo, ha sido presentar ante este mismo tribunal un conflicto negativo de jurisdicción que indique cuál es la vía oportuna que debe seguir para poder reclamar esos casi 90 millones de euros.

El Gobierno regional no es la única Administración que ha intentado reclamar el coste de la restauración ambiental de la zona afectada. El Gobierno central también impuso una sanción de 43,7 millones por los daños al dominio público a principios de siglo. Ese expediente sí fue ratificado por el Tribunal Supremo en 2005. Sin embargo, tampoco se ha cobrado porque la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa.

Mientras las Administraciones siguen pleiteando para intentar que Boliden pague, los grupos ecologistas han mostrado esta semana su preocupación por otros proyectos que se han puesto en marcha en la comunidad.

La minería parecía que tenía los días contados a principios de este siglo en Andalucía. Sin embargo, el incremento de la demanda de cobre, y lógicamente del precio que se paga por él, ha provocado que en los últimos años varias multinacionales han vuelto a mostrar interés por la Faja Pirítica.

Cobre Las Cruces, explotada por la canadiense Inmet Mining, es uno de los proyectos más conocidos. El problema en este caso ha surgido con el sistema de drenaje y reinyección que se ideó para llegar al mineral. La compañía debe sortear un importante acuífero. La Consejería de Medio Ambiente ha abierto cuatro expedientes a la mina desde que se le permitió reanudar la actividad en 2009. Además, continúa abierto desde 2008 un proceso judicial -todavía en fase de instrucción- por la perforación no autorizada de varios pozos. Ecologistas en Acción alerta ahora de que la compañía sigue extrayendo más agua de la que luego devuelve al acuífero. Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción, critica que ahora a la compañía se le vaya a permitir compensar este desequilibrio con las aguas de la depuradora sevillana de San Jerónimo.

Otra de las explotaciones que preocupa a los grupos ecologistas es la que pretende poner en marcha en Riotinto (Huelva) la empresa Emed Mining. Esta compañía chipriota intenta desde 2007 reabrir esta histórica explotación onubense. Al margen de la tramitación administrativa, Emed se ha encontrado con problemas a la hora de adquirir todo el terreno para poner en marcha la explotación. Otras dos sociedades, Rumbo 5.0 y Zeitung, comparten la propiedad de la zona. Emed, que ya está tramitando su proyecto a la Administración, lleva años presionando para que se le concedan los derechos mineros y así poderse hacer luego con todo el terreno.

Este proyecto minero no ha arrancado todavía, pero ya acumula una importante sanción. La Consejería de Medio Ambiente tiene abierto un expediente en el que reclama a las tres sociedades -Emed, Rumbo 5.0 y Zeitung- 12.062.109 euros por la mala gestión de las balsas en las que se acumulan los residuos de la antigua actividad minera de la zona. Durante 2009 y 2010, en los momentos de mayores precipitaciones, se realizaron vertidos al Odiel. La antigua Agencia Andaluza del Agua valoró en esos 12 millones el daño producido al dominio público. Emed ha recurrido ante la Administración este expediente.

Mientras, Emed sigue con la tramitación de su proyecto y espera poder empezar a operar a finales del año que viene y generar alrededor de un millar de puestos de trabajo.