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Los abogados plantean la nulidad del 'caso Ballena Blanca' al iniciar el juicio

La defensa de Del Valle afirma que la causa "se ha quedado en un chanquete"

Fernando J. Pérez

Vulneración de derechos fundamentales, escuchas telefónicas ilegales, causa iniciada sin indicios, falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de intérpretes para los acusados extranjeros, sumario mediático... El juicio del caso Ballena Blanca, una de las causas de blanqueo de capitales más voluminosas de la historia reciente -suma 257 tomos- se inició ayer en la Audiencia Provincial de Málaga con el examen de las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 19 imputados. Los letrados -encabezados por Horacio Oliva, defensor del principal imputado, el abogado chileno Fernando del Valle- plantearon la sala una verdadera batería de alegaciones con el objeto de conseguir la nulidad de la causa.

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Fernando del Valle se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de prisión y multa de 37,1 millones de euros, acusado de blanquear 12 millones de euros a distintos delincuentes internacionales, entre los que figuran traficantes de drogas y armas y estafadores, desde su despacho en Marbella. Oliva dedicó una hora y 45 minutos a desgranar los motivos por los que, en su opinión, el juicio es nulo.

El primer argumento de Oliva es que el caso Ballena Blanca -iniciado en mayo de 2004, por orden del juez Miguel Ángel Torres, que después instruyó el caso Malaya- "fue una investigación policial meramente prospectiva, no basada en hechos concretos y determinados". Según el letrado, el primer informe de la policía, en el que se pidió realizar escuchas telefónicas y tener acceso a datos fiscales de Del Valle y sus colaboradores, "demuestra que se investigó a partir de hipótesis de trabajo y que se carecía de indicios de delito". Se trató, afirmó Oliva, "de una operación transversal, de a ver qué sale".

Para el defensor del principal imputado, "la Ballena Blanca ha adelgazado, se ha quedado en el chanquete blanco". Las autoridades, recordó, informaron en marzo de 2005 que la investigación policial, con más de 50 detenidos, había logrado confirmar el blanqueo de 250 millones de euros y tenía ramificaciones que llevaban, entre otros, a Holanda y a la petrolera rusa Yukos, con una operación urbanística en La Alcaidesa (Cádiz). Al final, la causa por blanqueo se ha quedado en 12 millones de euros.

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Respecto a las escuchas telefónicas, que indican que Del Valle conocía las actividades delictivas de algunos de los clientes de su despacho, Oliva también las consideró nulas. El letrado se apoyó que las comunicaciones entre los abogados y sus clientes forman parte del secreto profesional y del derecho de defensa, el mismo argumento que se está utilizando para anular los pinchazos telefónicos del caso Gürtel, sobre corrupción en el entorno del PP.

El abogado defensor terminó su alegato atacando "la injerencia injustificada en los datos fiscales" de Del Valle y sus clientes, cuya anulación, esencial para levantar la acusación, también solicitó a la sala.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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