Los afectados por la fábrica de Uranio de Andújar tiran la toalla
Ex trabajadores y viudas abandonan la vía judicial tras 17 derrotas en el TSJA
Los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y las viudas de los ya fallecidos han dicho basta. No aguantan más. No tienen más fuerza, ni tampoco quieren empeñar sus exiguas pensiones en un interminable proceso judicial para reclamar que se les reconozca como profesionales, y no comunes, las enfermedades que padecen por las radiaciones que recibieron durante los 22 años que estuvo abierta la escombrera, desde 1959 a 1981. La plantilla era de 126 empleados, pero ya han muerto 56, el último de ellos el mes pasado, la mayoría por cáncer. Tras dos décadas luchando en la vía administrativa, 45 afectados decidieron en 2008 reclamar en los juzgados, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido ya, con una celeridad inusual, 15 sentencias denegatorias, lo que hace augurar el rumbo del resto. Este nuevo revés les ha hecho tirar la toalla definitivamente.
El día 18 se verán los siete últimos juicios en los juzgados de Jaén
"Podríamos acudir al Tribunal Supremo, pero sería un proceso muy costoso que no podemos asumir y, además, muy largo, y la mayoría de nosotros no veríamos su desenlace", afirma, entre resignado e indignado, José Soto, portavoz de la Asociación de Ex Trabajadores y Viudas de la FUA. De 70 años de edad, José trabajó durante 22 años en el centro del proceso químico de esta fábrica, que trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio que luego transportaba a Francia o Estados Unidos para su utilización en centrales nucleares. José es uno de los 15 afectados a los que, tanto los juzgados de Jaén como el TSJA, han desestimado su demanda. El día 18 de este mes están fijadas las siete últimas vistas en el Juzgado de lo Social número 2 de Jaén, pero la moral de los antiguos empleados está por los suelos. "Muchos compañeros ya han muerto y el resto estamos muy tocados", señala José, inquieto por conocer el resultado de una biopsia a la que se sometió la semana pasada.
Antes de embarcarse en la vía judicial, el revés lo habían recibido por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) que desestimó, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones de euros por daños y perjuicios, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, que emitió otro informe en el que rechazaba que sus patologías tuvieran su origen en la contingencia de enfermedad profesional. Pero no se tuvo en cuenta un informe científico suscrito por la inspección de servicios sanitarios de la Junta de Andalucía, que revelaba la existencia de "daños en aparato respiratorio, en riñones y aparato excretor, daños inmunológicos, hematológicos y metabólicos".
Sólo en dos casos, por la vía administrativa, se atendió esta reivindicación, que supondría una revalorización media de sus pensiones de unos 500 euros mensuales. Fue la de dos trabajadores que murieron de cáncer de pulmón, que sí está recogida en el catálogo de enfermedades profesionales actualmente vigente. Pero los afectados se preguntan por qué no tienen los mismos derechos los que han tenido otros tipos de cáncer.
El letrado de los ex trabajadores y viudas, Manuel Ángel Vázquez, se muestra sorprendido por la celeridad con la que el TSJA está fallando los recursos interpuestos contra las sentencias denegatorias de los Juzgados de lo Social de Jaén. "Son expedientes de más de 1.000 folios y es imposible que los hayan mirado, todas las sentencias están cortadas por el mismo patrón", comenta.
A los trabajadores y viudas sólo les queda cómo última esperanza que el Parlamento Europeo, a donde Izquierda Unida ha llevado el caso, les dé la razón por la vía política. Pero también aquí hay mucho escepticismo, pues todavía se recuerda la moción aprobada en 2005 por unanimidad de todos los grupos políticos del Congreso y el compromiso adoptado por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera. "El ministro se fue y nada más se supo de su compromiso. Ha sido un abuso", exclama José Soto.
