La alcaldesa quiere legalizar todas las casas de Marbella
La regidora del PP promete luchar por las 500 viviendas que quedan fuera del PGOU, entre ellas el complejo Banana Beach, ejemplo de las barbaridades urbanísticas del GIL
Los 2.000 vecinos que hace apenas un año salieron a la calle para pedir que no hubiera demoliciones de viviendas ilegales en Marbella (Málaga) y que no se obligara a los propietarios de estas 18.000 casas a pagar por su regularización comprobaron ayer que su presión ha surtido efecto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, del PP, anunció ayer que intentará que no se derribe ninguna vivienda, ni siquiera las más aberrantes urbanísticamente, como el complejo Banana Beach. También avanzó que ha encontrado la fórmula para trasladar a los promotores, y no a los propietarios, el pago por las tropelías urbanísticas.
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El equipo de gobierno ha incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un artículo que permitirá exigir a los promotores que levantaron las viviendas ilegales que asuman las cargas urbanísticas fijadas para regularizar los inmuebles. Estas exigencias son, entre otras, la cesión de terrenos para zonas verdes o la construcción de los equipamientos de los que se vio privada la ciudad durante los 15 años del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La regidora se mostró dispuesta a dar la batalla a la Junta de Andalucía para que las 500 viviendas que quedan fuera de ordenación -auténticos pecados mortales urbanísticos- sean finalmente legalizadas.
Entre estas promociones está la urbanización Banana Beach. Sus 238 viviendas fueron levantadas en una zona verde a pie de playa. Tienen sentencia de demolición y condena de seis meses de prisión para Julián Muñoz y seis ediles que concedieron la licencia de obra.
Otras 30 viviendas, promovidas también a pie de playa por uno de los promotores imputado en el caso Malaya, están en Río Real, y también tienen una orden de demolición que la Junta pidió que se ejecutase. El tercer residencial está en la zona del Alicate.
"Todo esto no hace sino confirmar que nuestras predicciones eran ciertas", señalaba ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila. "Hace un año dijimos que el Ayuntamiento pretendía impulsar una amnistía general encubierta y ahora vemos que ya no se esconde nada y ya va preocupando", decía.
Durante una intervención de más de una hora, la regidora detalló los cambios que ha introducido en un documento que pretende aprobar provisionalmente la semana próxima, y que expondrá al público durante un mes.
"Será muy satisfactorio decirles a los vecinos que ya no tendrán que afrontar cargas que les supondrán pagar hasta 12.000 euros por regularizar sus viviendas", explicaba.
El nuevo PGOU dará un año a los promotores a partir de la aprobación definitiva para asumir de forma voluntaria las compensaciones. Pasado ese tiempo será el Ayuntamiento exigirá que se lleven a cabo.
La fórmula no exime totalmente a los compradores de las viviendas ilegales con respecto a las cargas urbanísticas, sino que coloca a los promotores en primer lugar a la hora de reclamar los daños que hayan podido hacer a la ciudad la construcción de estos edificios, señalaron ayer técnicos consultados.
En el artículo se señala que el promotor "no queda sustraído de las obligaciones y deberes de la legislación urbanística" en el proceso de normalización, e incide en que se maneje este criterio, "junto con la valoración de posibles actitudes negligentes, cuando no culpables, de anteriores Corporaciones", pero no dice que el propietario quede completamente eximido en caso de que el promotor desaparezca o se niegue a pagar.
La fórmula satisface los requerimientos de más de 350 comunidades de propietarios que reclamaron a través de 4.950 alegaciones. "Hemos incorporado un 70% de las demandas ciudadanas", mantuvo Muñoz.
Aún así, el Ayuntamiento se teme que tendrá que ir en más de una ocasión a los tribunales. "Estamos preparados para las reclamaciones patrimoniales, porque el PGOU no reconoce los convenios firmados con los promotores por otros gobiernos". En estos casos, el Ayuntamiento marbellí cobraba una parte del acuerdo con la promesa de incluir y aprobar el acuerdo en el futuro planeamiento.
El consistorio también recibirá las reclamaciones de los promotores a los que el propio Ayuntamiento marbellí vendió sueldo de equipamiento para construir, por lo que también habría obtenido plusvalías por esas irregularidades.
Durante la presentación la alcaldesa no ocultó que había tenido "discrepancias" con el equipo redactor, al que la Junta encargó el PGOU, a cuenta de las viviendas que están habitadas, como Banana Beach, y que quedan fuera de ordenación. "Hay que tener sensibilidad y sentido común para buscar alternativas", dijo.
El gobierno marbellí, a cargo de las competencias urbanísticas, ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hablar de los cambios que querían introducir en el documento. Según varias fuentes, cada uno de esos cambios se están consensuando con el gobierno andaluz, ya que será la Junta de Andalucía será quien dé el visto bueno a la aprobación definitiva. "El Ayuntamiento necesita tener aprobado el documento lo antes posible y no quiere correr el riesgo de que lo echen hacia atrás", señalan fuentes municipales. De hecho, el caso del Banana Beach es uno de los temas que se quedó sobre la mesa en las últimas reuniones.
La portavoz del PSOE, Susana Radío, aseguró ayer que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no avala los cambios que Muñoz ha introducido en el PGOU, entre los que figura la amnistía a 200 viviendas ilegales que quedaban fuera de ordenación en el documento entregado por la Junta.
Entre esas 200 viviendas hay dos urbanizaciones no habitadas -Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- que el Ayuntamiento propone regularizar "con cargas importantes para los promotores".
El complejo Jardines del Príncipe, una mole de 81 apartamentos que superaba la edificabilidad permitida y que tapaba las vistas al mar a los vecinos, se quedará intacto si el promotor cede los bajos de este edificio del lujo al Consistorio. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento quiere destinar la zona, sin cerrar ni acondicionar, a equipamiento sanitario. La promoción Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres- tendría que comprar una zona aledaña y cederla al Ayuntamiento como zona verde.
La alcaldesa reclamó una lectura "en positivo" del documento, no sólo por la seguridad jurídica que acarreará. Destacó que los cambios aumentan el ratio de zonas libres de 27 metros cuadrados por habitante a 27,77 y que se contempla la construcción en los próximos 8 años de 27.085 viviendas nuevas, de las que 9.836 (36%) serán de protección oficial.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificaba de "actuación inteligente de cara a la crisis" los cambios propuestos por la alcaldesa. "Marbella va a salir adelante y van a dejar de hacernos esa propaganda tan negativa en los medios de comunicación ingleses", decía. Arranz creyó positivo "quitarle leña al fuego" y dar seguridad jurídica a los compradores de buena fé. Hace un año acusaba a los redactores de no conocer la realidad marbellí y pedía más consenso.
Un plan de largo recorrido
Junio de 1986. La Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
Mayo de 1991. Jesús Gil arrasa en las elecciones municipales y anuncia la revisión del PGOU.
Octubre de 1993. El pleno municipal aprueba inicialmente el nuevo plan, coordinado por Juan Antonio Roca.
Noviembre de 1997. El pleno aprueba provisionalmente el plan. El ayuntamiento concede ya licencias de obras de acuerdo al nuevo PGOU pese a no estar aprobado definitivamente y a que contravienen el vigente.
Julio de 1998. La Comisión Provincial de Urbanismo rechaza el plan, que recalifica 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y lo deja todo en suspenso hasta que el Ayuntamiento haga un texto refundido con las modificaciones requeridas.
Mayo de 2000. El Ayuntamiento aprueba un expediente de cumplimiento del PGOU que no es el texto refundido requerido por la Junta.
Octubre de 20o0. La Comisión Provincial rechaza por unanimidad el documento.
Noviembre de 2000. La Junta publica en el Boletín Oficial de la Provincia el PGOU de 1986, después de que los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento en no considerarlo en vigor, por lo que otorgaba licencias contrarias al documento.
Mayo de 2002. Julián Muñoz sustituye en la alcaldía a Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso camisetas.
Marzo de 2003. El TSJA dicta la primera orden de paralización cautelar de unas obras impugnadas. La Junta lleva ya entonces recurridas 130 licencias municipales.
Mayo de 2003. El pleno municipal aprueba un nuevo texto refundido.
Julio de 2003. La Comisión de Urbanismo rechaza otra vez la propuesta de texto refundido, en el que planifica una ciudad con 600.000 habitantes, da por caducado el expediente y emplaza al consistorio a elaborar desde el principio un nuevo PGOU.
28 de julio de 2003. Julián Muñoz anuncia que elaborará u nuevo PGOU con los criterios de la Junta y que no dará más licencias contrarias al plan vigente tras reunirse con la secretaria general de Urbanismo, Josefina Cruz.
31 de julio 2003. El pleno inicia el expediente de elaboración del PGOU. Muñoz destituye a Roca al frente de la gerencia de Urbanismo.
1 de agosto de 2003. Ocho concejales del GIL, tres del PSOE y tres del PA presentan una moción de censura contra Muñoz apadrinada por Roca.
13 de agosto de 2003. Marisol Yagüe es investida alcaldesa. Contrata a Roca como asesor y anuncia que no dará licencias contra el plan del 86.
Noviembre de 2003.El pleno inicia el expediente de redacción del nuevo PGOU.
Enero de 2004. Junta y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración para la redacción del plan.
Junio de 2004. La redacción del plan se adjudica al Manuel González Fustegueras.
Mayo de 2005. El avance estima que se construyeron 25.000 viviendas con licencia ilegal.
Noviembre de 2005. El Ayuntamiento considera inasumible la normalización propuesta por Fustegueras y dice que costará 6.000 millones.
Diciembre de 2005. La Junta inicia el expediente de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, tras impugnar 209 licencias ilegales y comunica a la fiscalía que dejó caducar 201 expedientes.
Marzo de 2006. Trece días antes de que estalle la operación Malaya, la Junta firma la orden de retirada de competencias.
Junio de 2007. El Consejo de Gobierno devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella y le entrega el PGOU ya terminado.
Julio de 2007. El pleno aprueba inicialmente el plan por unanimidad.
Sobre la firma
