Dos años de gestión en el aire
La Junta defiende la validez de las sanciones y concesiones realizadas desde 2009 a pesar del fallo del Constitucional - El Supremo debe resolver ahora sobre el decreto de transferencia del Guadalquivir
¿Y ahora qué? En la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, había esta semana bastantes más preguntas que respuestas. El Tribunal Constitucional ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, que permitió la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a su paso por la comunidad. Y se han abierto las incógnitas sobre el futuro de la gestión del río, pero también sobre el pasado.
Porque, ¿qué ocurre con las sanciones y las concesiones de aguas admitidas o rechazadas por la Junta desde que empezó a gestionar el Guadalquivir el 1 de enero de 2009? Los responsables de la Agencia Andaluza del Agua consideran que "no existe ningún problema", que la sentencia del Constitucional no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, esta agencia también se plantea la posibilidad de que el Gobierno central, al que las competencias sobre el Guadalquivir volverían tras la sentencia, busque ahora "mecanismos de convalidación" de todos los actos realizados por la Junta en los dos últimos años.
Entre las decisiones, destacan los ocho expedientes a Mina Las Cruces
La Junta espera una solución política tras la reunión entre Zapatero y Griñán
Se trata de las decisiones tomadas sobre el dominio público hidráulico, que pasó a gestionar Andalucía. Asuntos importantes como los expedientes abiertos desde 2009 por daños a este dominio público. Por ejemplo, las sanciones impuestas a la empresa Mina Las Cruces, por vertidos y extracciones del acuífero Niebla-Posadas. Los ocho expedientes abiertos a esta compañía se encuentran paralizados debido a su incorporación a la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla.
Las mismas dudas planean sobre las concesiones de aguas a regantes que se han rechazado durante este tiempo. "No son muchas, porque los afectados saben antes de presentar la solicitud los criterios por los que se otorgan o se rechazan las concesiones", señala la Agencia Andaluza del Agua, "pero podrían apelar".
La abogada Carmen Gutiérrez Labrador sí considera que la sentencia del Constitucional tiene efectos sobre las sanciones y los rechazos de las concesiones. En su opinión, tras el fallo, los actos "negativos" (como los expedientes sancionadores) de la agencia quedan anulados. Su despacho, especializado en temas de aguas, ya ha atendido una veintena de consultas de agricultores afectados.
Pero, sobre el futuro inmediato, también hay incógnitas. "Mi obligación es trabajar de la misma manera que hasta ahora. Hay cuatro millones de habitantes en la cuenca, más de 400.000 hectáreas de regadío, obras de abastecimiento, depuración...", señala el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo: "Y todo eso no va a parar hasta el día que se tome la decisión que sea y actuaremos en consecuencia". Está previsto que mañana lunes se reúnan los presidentes José Antonio Griñán y José Luis Rodríguez Zapatero. De esa reunión tendría que salir una solución para la gestión futura del Guadalquivir. Según Díaz Trillo, la salida a este problema debe ser rápida para intentar evitar las "incertidumbres".
Los servicios jurídicos de la Junta se reunieron el viernes para analizar la sentencia del Constitucional y sus efectos. Según fuentes de la Junta, la conclusión es que el fallo no tiene un efecto inmediato, luego la Junta sigue manteniendo las competencias transferidas. La previsión es que deje de tenerlas cuando haya un pronunciamiento sobre el real decreto del 17 de octubre de 2008 a través del que el Gobierno central cedió estas competencias a la Junta.
Extremadura y Castilla-La Mancha recurrieron en 2009 este decreto ante el Tribunal Supremo al considerarlo inconstitucional. La Junta espera que haya un pronunciamiento en un plazo de dos meses. Y ese sería el tiempo con el que se cuenta para buscar una salida a este complicado asunto.
Recursos de dos comunidades
Extremadura ha sido la que ha llevado la voz cantante, pero no ha sido la única comunidad que se ha opuesto abiertamente al traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir a Andalucía. Castilla-La Mancha (el 7,13% de la cuenca está en territorio de esta comunidad) también se ha plantado en los tribunales.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también en manos del PSOE, decidió el 16 de diciembre de 2008 recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto de octubre de ese año por el que se materializó el traspaso de las competencias a Andalucía.
Entre otros asuntos, Castilla-La Mancha señaló en su recurso que con el decreto se había transferido la "titularidad y gestión del embalse de Guadalmena, que se encuentra, en parte, en la provincia de Ciudad Real". También se detallaba que se habían transferido los embalses de Dañador, Yeguas, Rumblar, La Fernandina, Guadalen, Giribaile y Negratín: "Los cauces que vierten a estos embalses tienen parte de su superficie en territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha".
Extremadura, además del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, también recurrió en el Supremo el decreto de transferencias. Extremadura pedía en su escrito que se anulara el traspaso ya que "es un hecho constatable que la cuenca del Guadalquivir discurre por el territorio de cuatro comunidades autónomas españolas". Por ello, el artículo 51 del Estatuto era contrario a la Constitución, donde se establece que el Gobierno central tendrá "competencias exclusivas" sobre los aprovechamientos hidráulicos "cuando las aguas discurran por más de una comunidad".
Tras el pronunciamiento del Constitucional, lo previsible es que el Supremo también tumbe el decreto y de la razón a Extremadura y Castilla-La Mancha.
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