El banco público del agua negociará el 10% de los recursos del Guadalquivir
La venta de derechos permitirá compensar por los cultivos que no se rieguen
Andalucía afronta su cuarto año consecutivo de sequía. En este contexto, el Gobierno acaba de dar luz verde al llamado banco público del agua en la cuenca del Guadalquivir, un mecanismo que busca optimizar los recursos hídricos disponibles a través de la compraventa de derechos de uso de agua entre territorios, cuencas y agricultores. Este novedosos sistema de redistribución del agua se presenta especialmente útil en esta campaña, donde las previsiones apuntan a que el agua disponible para riego será de un 25% de un año normal.
A través del banco público, los agricultores con cultivos que necesitan una alta cantidad de agua y que no dispongan de ella, como pueden ser los casos del arroz, el maíz o el algodón, podrán vender sus derechos asignados a otros cultivos con menos necesidades hídricas, como las frutas y hortalizas de Almería o el olivar. De esta manera, recibirían compensaciones económicas a las pérdidas derivadas de la falta de riego.
El banco público del agua permitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CH) realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de agua. que sirvan para mantener el caudal de los ríos o venderlos a otros usuarios. Javier Serrano, comisario de aguas de la Confederación, señala que ya han detectado a sectores interesados en entrar en esta subasta de los usos del agua, y estima que el banco público podría negociar inicialmente unos 40 hectómetros cúbicos, lo que supone en torno al 10% del volumen actual del sistema de regulación general disponible en la cuenca del Guadalquivir, cifrado en 400 hectómetros cúbicos.
"El banco público del agua va a permitir optimizar los recursos y desarrollar sectores estratégicos", señala Javier Serrano. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la constitución del Centro de Intercambio de Derechos de Uso de Agua en la Confederación del Guadalquivir y autorizaba a ésta a realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua de acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Serrano apunta que el precio de esa subasta podría estar en torno a 15 céntimos de euro el metro cúbico, que ha sido la tarifa aplicada en otros intercambios entre particulares realizados en los últimos años con el visto bueno de la Confederación.
Riego y población
Aunque el banco público del agua está abierto tanto al agua de abastecimiento como al de regadío, el hecho de que el suministro a la población esté garantizado durante al menos dos años en la mayor parte de la comunidad, permite adivinar que los potenciales beneficiarios de este instrumento serán, principalmente, los regantes, un sector que acapara el 80% de los usos del agua en la cuenca del Guadalquivir y que mueve más de 4.500 millones de euros al año. "Este centro de intercambio de derechos no acaba con el déficit hídrico de la cuenca, pero sí puede ayudar a solucionar problemas puntuales, puede salvar cultivos y debe impedir cualquier especulación por el control que ejerce la Confederación", manifiesta Pedro Parias, secretario general de Feragua, la principal organización de regantes del Guadalquivir, con 290.000 hectáreas gestionadas. Feragua ya ha pedido una reunión a la Confederación para recibir más información sobre la regulación de este nuevo instrumento.
Las organizaciones agrarias también están expectantes por la viabilidad de este banco público. "Claro que puede ayudar a salvar situaciones coyunturales a través de la reasignación de recursos", señala Agustín Rodríguez, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía. Rodríguez pone como ejemplo a los agricultores del Almanzora, en Almería, como eventuales beneficiarios de este novedoso instrumento. "O compran derechos o no tendrán agua", advierte.
Reasignación y trasvases polémicos
El Centro de Intercambio de Derechos de Uso del Agua que acaba de autorizar el Gobierno para la cuenca del Guadalquivir no hace más que regularizar una situación que ya cuenta con varios precedentes en Andalucía. Hace dos años, los agricultores de Almería realizaron una compra masiva de derechos asignados a los arrozales de las marismas sevillanas para utilizarlos en sus cultivos hortofrutícolas. Fue a través del polémico trasvase del pantano granadino del Negratín. Posteriormente, el año pasado también se concretaron otras compras de derechos a los agricultores cordobeses desde el pantano de Bembézar.
Más allá de la cesión de derechos, otro mecanismo empleado en los últimos tiempos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido el de la reasignación de derechos. Ocurrió el año pasado con la dotación de 200 hectómetros cúbicos a los arroceros y con el no menos polémico riego de apoyo para el olivar de Jaén, que no fue más que una compra de agua al sistema de regulación general del Guadalquivir. La Confederación, que otorgó 850 hectómetros cúbicos, fijó entonces una indemnización, a través de un canon fijado en 90 euros por hectárea y que fue rechazado por Asaja y la COAG, que lo calificaron como un "impuesto revolucionario".
El Decreto de Sequía no permite realizar ningún tipo de trasvase, máxime teniendo en cuenta que la cuenca del Guadalquivir está por debajo del 30% de su capacidad. Sin embargo, en los dos últimos años se han realizado intercambios de agua a través de los trasvases como los del Tajo al Segura y también desde el Guadalquivir a Almería a través del Negratín. Por eso, el banco público del agua y la cesión de derechos abre un nuevo escenario que ya se ha aplicado en otras comunidades autónomas y en otras cuencas hidrográficas. En Cataluña, por ejemplo, se están comprando derechos de uso del agua a los regantes para el abastecimiento a la población.
