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Más de 100 clientes denuncian por estafa al grupo inmobiliario Mirador

La promotora no ha construido viviendas por las que cobró anticipios

Viviendas que se venden, por las que se cobran entregas, y que nunca se hacen. O que se construyen sin todas las dependencias comprometidas en el contrato, o que no se pueden entregar a sus compradores porque son embargadas antes a causa de las cuantiosas deudas de la promotora. Pagarés devueltos por falta de fondos.

Irregularidades así describen en dos denuncias por estafa que se instruyen en sendos juzgados de Málaga y Torremolinos el comportamiento del grupo Mirador, una de las promotoras inmobiliarios más activas de Málaga en los años del boom de la construcción.

Hasta el momento, 119 clientes se han personado como afectados y, según las abogadas que los representan, la lista de los presuntos estafados crece prácticamente por días. Según las estimaciones de las denunciantes, la suma de las cantidades que Grupo Mirador ha cobrado a estos clientes en concepto de anticipo puede sobrepasar el millón y medio de euros.

Normalmente, en cada caso se estipulaban cantidades a cuenta de entre 30.000 y 50.000 euros para la compra de viviendas en distintas promociones que, al cabo de cuatro o cinco años no han sido entregadas. En la mayoría de los casos las obras no se han iniciado ni se ha llegado a expedir la pertinente licencia municipal. Y ello, pese a que en la mayoría de los contratos se mencionaba que la promoción en cuestión estaba en construcción.

Además de los administradores de las distintas promotoras de Mirador, Enrique y Leopoldo Faura, en la causa está también imputado por estafa Jesús Gotardo, responsable de la inmobiliaria Las Palmeras Properties, que actuó como agencia comercializadora. Esta agencia, con sede en Benalmádena, vendió a ciudadanos ingleses viviendas de las promociones Mirador de Fuentepiedra y La Perla (Benalmádena), pero en la mayoría de los casos se limitó a cobrar los anticipos, sin llegar a firmar contrato alguno.

La mayoría de los denunciantes son ciudadanos ingleses que compraron casa en la promoción en Fuente de Piedra. Aunque los contratos se firmaron en 2003, y las casas tenían que haber estado en 2005, distintas vicisitudes retrasaron la primera fase. Las 90 viviendas de ésta lograron licencia de primera ocupación el pasado noviembre, pero sólo se han podido escriturar 30. La mayoría de los compradores se ha negado a hacerlo por las distintas irregularidades, ya que se han construido sin garage y trastero proyectados, la piscina es pública, y se le han pedido a los compradores cantidades suplementarias para compensar la supuesta descalificación de las casas como VPO y para el aire acondicionado. Algunas de estas casas están embargadas.

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En Mirador de la Fortaleza, en Vélez Málaga. ni hay ni habrá casas. La mayoría de los contratos se firmaron entre 2003 y 2005 y las viviendas tenían que entregarse como muy tarde en diciembre de este año. Pero la realidad es que no existe licencia de obras. El Ayuntamiento no la ha expedido por irregularidades en el proyecto. Además, el suelo está embargado por una deuda con Hacienda superior a cuatro millones de euros.

En algunos casos, Mirador pactó con los afectados la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades entregadas mediante pagarés que han resultado impagados a la fecha de vencimiento. Tampoco se harán los apartamentos de La Perla, en Benalmádena. Aunque Mirador los vendía como tales, la licencia de la que disponía era para hotel, con lo que logró una edificabilidad siete veces mayor a la permitida en el PGOU. El Ayuntamiento retiró la licencia el pasado 1 de febrero cuando supo el destino real del edificio.

Impulsividad o voluntad de engaño

Hace seis meses, una juez de Málaga archivó una querella por estafa contra los responsables de Grupo Mirador porque consideró que, aunque la promotora no había construido las viviendas firmadas y por las ya había cobrado al denunciante 24.000 euros, no existía delito porque "no ha quedado acreditada la existencia de un engaño previo". Para aquella promoción, Mirador de La Cala, tampoco existió nunca licencia de obras, pese a que en el contrato firmado en 2002 se reflejaba que estaba en aquel momento en construcción.

En el auto de archivo, la juez reprochó al grupo Mirador la "impulsividad en la venta de viviendas y otros aspectos derivados de los propios contratos estipulados", pero no estimó responsabilidad penal y sólo le regañó.

Ahora, que se conocen ya más de un centenar de afectados por la "impulsividad" del grupo Mirador, las abogadas no tienen duda de la existencia de una voluntad previa de engañar. Para Patricia Morales, que representa a 49 afectados, resulta evidente que no se tratan de casos aislados, sino que hay una "forma de comportamiento generalizada" del grupo Mirador que se repite en promociones como Mirador de Fuente Piedra, Mirador de La Fortaleza, Mirador del Rosario, Paraíso del Sol (Rincón de la Victoria) o La Perla.

La abogada se queja de que la fiscalía y los jueces casi de forma sistemática consideren este tipo de denuncias como incumplimientos de contrato en el ámbito civil y acaben desestimando la vía penal. Normalmente, la promotora siempre alega inconvenientes imputables a los ayuntamientos para la obtención de las licencias, pero la abogada, que no lo cree, enfatiza que ahora hay un elemento más, el impago de los pagarés. "¿No es eso una estafa?", cuestiona.

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