El constructor Rafael Gómez tiene cinco fincas en el entorno protegido de Medina Azahara

El constructor Rafael Gómez, imputado en la Operación Malaya, el caso de corrupción urbanística de Marbella, posee cinco fincas que suman un total de 61,18 hectáreas en la zona protegida de Medina Azahara, según el Registro de la Propiedad de Córdoba. Son los terrenos que flanquean la urbanización ilegal de Las Pitas. IU y PP han solicitado que el área de protección del conjunto arqueológico se reduzca a los límites previstos en 2003 para regular las casas ilegales. Si la Junta accediera, los terrenos de Gómez, conocido como Sandokán, estarían fuera de la zona BIC.

La franja comprendida entre el canal de Guadalmellato y la carretera A-431 a su paso por Medina Azahara es una caja de sorpresas. Esa zona se incluyó definitivamente en el área de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) en julio de 2003. Allí existen actualmente unas 160 viviendas ilegales agrupadas en la urbanización Cercado de Las Pitas (más otras 80 casas en dos parcelaciones distintas). Pero, en esa franja, el constructor Rafael Gómez también posee suelo. En concreto, ha adquirido los terrenos que flanquean a Las Pitas. Los datos figuran, según ha comprobado este periódico, en el Registro de la Propiedad Número Dos de Córdoba. La primera compra está fechada el 25 de marzo de 2004, cuando la zona ya estaba protegida. La última adquisición está datada el 25 de marzo de 2005.

En total, Gómez ha comprado cinco parcelas. Lo ha hecho a través de dos de sus empresas dedicadas a la construcción y promoción inmobiliaria: las sociedades limitadas Arenal 2000 y Arenal 2001. El coste global de la operación fue de 5,4 millones y la superficie que posee a ambos lados de Las Pitas es de 61,18 hectáreas, lo que puede equivaler a 61 campos de fútbol. Partiendo de los datos del Registro de la Propiedad, se deduce que el constructor ha adquirido el metro cuadrado a 8,82 euros.

En este momento, las normativas autonómica y local prohíben que Gómez edifique en la zona de protección del Bien de Interés Cultural de Medina Azahara. Pero en el último pleno municipal de Córdoba, el PP presentó una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que redujera el área BIC del conjunto arqueológico hasta los límites anteriores a 2003. Los populares argumentaron que así se podrían regularizar en un futuro las parcelaciones que se levantaron ilegalmente en la zona. La moción fue aprobada gracias a los votos de IU, que gobierna la ciudad. El PSOE, la tercera fuerza política en Córdoba, se abstuvo.

Si la Junta accediera a reducir el área de protección a los límites anteriores a 2003, algo que parece complicado que ocurra y que los tribunales han desestimado, los terrenos de Gómez también se quedarían fuera de la zona BIC. Pero esto no significaría que inmediatamente pudiera construir allí, ni que las urbanizaciones ilegales pudieran regularizarse al momento.

Ese entorno de Medina Azahara tiene varias capas de protección. La primera y más restrictiva es la declaración BIC. Por debajo, está el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el marco que regula el crecimiento de la ciudad. En el PGOU se especifica que en ese lugar no se pueden acometer ni regularizaciones ni nuevas edificaciones. El entorno del conjunto arqueológico está protegido también por el Plan Especial de Medina Azahara. Es decir, para que las casas ya existentes pudieran regularizarse sería necesario que se eliminaran de esa franja de terreno todas esas capas de protección a través, en el caso de las restricciones municipales, de una modificación del PGOU. Esos mismos requisitos necesitaría Rafael Gómez para poder construir en los terrenos que adquirió a partir de marzo de 2004.

Precisamente, en junio de ese año, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el fiscal jefe del TSJA, Jesús Calderón, visitaron Medina Azahara. Desde allí, lanzaron una advertencia al Ayuntamiento: la dotación de agua y alcantarillado a las viviendas ilegales del entorno del conjunto arqueológico se podría perseguir desde el punto de vista penal al tratarse de unas obras en una zona con la máxima protección patrimonial.

La intención del Consistorio de dotar de servicios a estas parcelaciones no es algo nuevo. Aunque ha vuelto a la actualidad debido a que IU y PP han aprobado la tramitación de un plan, presentado por los propietarios, para instalar agua corriente y alcantarillado en Las Pitas. La Junta sostiene que esa medida es contraria a la ley. Además, la administración autonómica ha anunciado que la recurrirá en los tribunales si finalmente se lleva a cabo. La tramitación del plan ha provocado una reacción en cadena de expertos, investigadores y catedráticos nacionales e internacionales que firmaron un manifiesto en defensa de Medina Azahara. A ellos, se ha unido este martes el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Además, el Icomos, organismo encargado del control del patrimonio vinculado a la Unesco, está elaborando un informe sobre el caso. Ya adelantaron hace una semana que la consolidación de las 240 viviendas ilegales de todo el entorno de Medina Azahara (repartidas en tres urbanizaciones) podría acarrear que el conjunto arqueológico no fuera incluido en la próxima ampliación de la zona Patrimonio de la Humanidad de Córdoba.