Las cuentas pendientes de Rajoy

La postura oficial y oficiosa del Ejecutivo de José Antonio Griñán es que la victoria de Mariano Rajoy no ha alterado ni un ápice la relación con el Gobierno central. "Nadie entendería la confrontación por la confrontación", suele repetir la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. También se insiste en que los contenciosos existentes surgieron bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que, aunque la intención no es aumentar artificialmente el nivel de exigencias por el cambio de color, tampoco van a bajarlo.

Es cierto que las principales cuentas pendientes que penden ahora sobre el nuevo equipo de Rajoy vienen de la etapa anterior y no las ha improvisado Griñán en unos días, pero también lo es que las más relevantes se reavivaron después del verano, como la gestión del Guadalquivir a través de una cesión de competencias del Estado por el artículo 150.2 de la Constitución, y el pago de 1.504 millones de euros de inversiones que no se han ejecutado. El presidente de la Junta retomó el perfil reivindicativo con el Gobierno a la vuelta de las vacaciones, a poco más de dos meses de las elecciones generales y cuando todas las encuestas señalaban ya una aplastante mayoría del PP el 20-N, como finalmente ocurrió.

Griñán retomó tras el verano el perfil reivindicativo hacia el Ejecutivo central

Arenas ya no habla de exigencias a Madrid, se centra en la financiación

Por eso, Javier Arenas enseguida calificó estas demandas de pura "farsa", con un propósito claramente electoralista. Los populares se apresuraron a argumentar que el PSOE estaba cerrando acuerdos con un Gobierno de salida que ya no los podría cumplir por la premura de los plazos, para condicionar de esta forma al que tomara el relevo. En una comisión bilateral Junta-Estado en septiembre, la delegación andaluza reclamó 1.372 millones de euros por inversiones sin realizar en 2008 y 2009. La petición se apoyaba en una disposición del Estatuto de Autonomía que establece que el Estado debe destinar cada año, hasta 2014, el 17,8% de sus inversiones, exactamente el peso de la población andaluza en España.

El Gobierno no opuso la menor objeción. Es más, casi un mes después elevó la cifra a 1.504 millones. La cantidad está pendiente y debe abonarse mediante una transferencia de capital o un incremento de las inversiones de próximos ejercicios.

Con el Guadalquivir, cuya transferencia a Andalucía tumbó el Tribunal Constitucional, se intentaron fórmulas para mantener la gestión que resultaron imposibles, y el Gobierno de Rajoy ha heredado la decisión de dar el visto bueno a una cesión extraordinaria. A mediados de este mes, el Parlamento aprobó enviar al Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias. El PP la apoyó, pero no se comprometió con el contenido del texto: rechazó unos puntos y se abstuvo en otros.

Junto a estas dos exigencias, hay reivindicaciones ante los tribunales: cuatro referentes a la financiación autonómica, la última para pedir el adelanto de los fondos de convergencia. La Junta también ha requerido machaconamente que se calcule el déficit de las comunidades teniendo en cuenta el endeudamiento y la financiación equitativa de la ley de Dependencia.

En la agenda de posibles puntos calientes está en lugar destacado las oposiciones de docentes que la Junta acaba de aprobar: 2.389 plazas para 2012. Se desconoce si el nuevo Gobierno impondrá más restricciones a las autonomías o si mantendrá las del Presupuesto aún vigente. Los sindicatos barajan que se pueda congelar incluso las ofertas de empleo público y la Junta ha adelantado la convocatoria para evitar incertidumbres.

En materia de infraestructura, la principal incógnita sobre la actuación del Gobierno se centra en el eje ferroviario y en la configuración del mapa de la alta velocidad. El PP ha conminado a alegar ante la Unión Europea contra el diseño del corredor Mediterráneo transeuropeo, para que discurra por la costa en las provincias de Almería, Granada y Málaga hasta Algeciras. El trazado escogido pasa por el interior desde Almería, de forma que los dos ejes que atraviesan España, el Mediterráneo y el Central, se cruzarían en Antequera. Se potenciaría la construcción del eje transversal andaluz hasta Sevilla y Huelva.

El Ministerio de Fomento ahora en manos de Ana Pastor debe ratificar también si asume la construcción al completo del llamado AVE andaluz, incluido el tramo entre Antequera y Sevilla que hasta ahora ha acometido la Junta. Hace dos meses, en plena precampaña electoral, Junta y Gobierno acordaron que este último asumía el eje al completo y que incluso compensaría a la Junta por los 280 millones de euros que lleva invertido en el AVE andaluz. La nueva ministra se encuentra también con un reciente protocolo para acometer conjuntamente el corredor ferroviario de la Costa del Sol, estimado en unos 500 millones.

En el otro lado, Javier Arenas cada vez habla menos de reivindicaciones al Gobierno y más de responsabilidades en la Junta. Ya no se le oye nada de la deuda histórica -con cuyo pago en solares ha sido tan beligerante-, su única demanda es un nuevo sistema de financiación que dice tener hablado con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. En lo que resta hasta marzo, en los oídos del líder andaluz resuena la frase que dijo Rajoy en su mitin de cierre en Sevilla el 18 de noviembre: "Voy a hacer lo que pueda y, si puedo, más de lo que pueda, para que Javier Arenas gane las elecciones autonómicas".