En defensa del sistema de pensiones
El derecho subjetivo a recibir una pensión al final de la vida laboral es quizás una de las mayores conquistas de los trabajadores y trabajadoras, constituyéndose como la columna vertebral del Estado del Bienestar. Es, ante todo, un derecho, no una dádiva, que el trabajador genera durante su vida laboral. Por tanto la primera conclusión es clara: las pensiones son de los trabajadores, las generamos nosotros mismos.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo en 1995 se aprobó el Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones suscribimos en tres acuerdos sociales, el último en 2006. Este pacto supuso un compromiso de todos los actores implicados por mantener el sistema al margen de luchas partidistas, cambios de gobierno o circunstancias coyunturales. Segunda conclusión: cualquier reforma de las pensiones debe hacerse en el seno del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales, todo lo demás es unilateralismo que deja fuera a los principales afectados, los trabajadores. A ello se suma el disparate, intencionado o no, de enmarcar este anuncio en el plan de estabilidad presupuestaria del Gobierno para luchar contra la crisis, relacionando de forma peligrosa la salida de esta situación con el recorte de la protección social.
La irresponsabilidad de este anuncio crea alarma social e incertidumbre, y es precisamente en ese clima donde los fondos privados de pensiones, gestionados por las entidades bancarias y grandes grupos aseguradores, ven un gran negocio. Fondos privados, por cierto, que no han garantizado su sostenibilidad y cuyo valor se ha desplomado a causa de la crisis. Y lo que es aún más grave, esta irrupción de lo privado rompe el principio de justicia e igualdad, haciendo que los que más tienen puedan comprar una mejor jubilación.
La mejor garantía de futuro es el sistema actual de pensiones público, contributivo y de reparto, sólo así se garantiza la justicia e igualdad. Aún así CC OO es consciente de que cada cierto tiempo son necesarias reformas en el sistema para adaptarlo a las nuevas realidades. No obstante, basándonos en estudios rigurosos, estamos convencidos de que el sistema no necesita subir la edad legal de jubilación, y sí apostar por la jubilación flexible, incentivando el atraso voluntario después de los 65 años y compatibilizándolo con el adelanto de esta edad en los términos hoy vigentes. Igualmente innecesario es ampliar el período de cotización, ya que en el acuerdo de 2006 se pasó de los 12,5 a los 15 años efectivos.
Lo que sí es imprescindible es cumplir los acuerdos de 2006 aún pendientes: la integración del REASS y del Régimen de Empleadas de Hogar en el Régimen General, que afectan a más de 550.000 andaluces; la separación definitiva de las fuentes de financiación y concretar los coeficientes reductores para trabajos penosos y peligrosos. Éstas deben ser las prioridades del Gobierno, y no los anuncios irresponsables que generan crispación.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe rechazar la propuesta del Gobierno y plantear recomendaciones que permitan un acuerdo en la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. Recomendaciones que no deben ceñirse en ajustar el gasto, sino en mejorar los ingresos del sistema, cuestión que de forma interesada se obvia. Para esa mejora, una vez concluida la separación de fuentes, sería necesario favorecer la integración laboral de mujeres y jóvenes, aumentar el salario mínimo, las cotizaciones máximas, favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el empleo y combatir la economía sumergida, entre otras.
Estamos dispuestos a hablar de estas cuestiones, pero no permitiremos que se imponga una reforma unilateral. Por eso pedimos a la ciudadanía andaluza que se manifieste hoy. Es la mejor forma de celebrar 30 años de autonomía, defendiendo uno de los derechos más importantes, el derecho a vivir una jubilación en dignidad.
Francisco Carbonero es secretario general de CC OO de Andalucía.
