El dilema de ser juez y parte

Las naves ilegales que el constructor y joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, levantó en Córdoba, bajo el gobierno de Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, son una constante fuente de paradojas. Quien era regidora bajo las siglas de Izquierda Unida, vio cómo el TSJA dinamitaba el plan especial urbanístico que la propia empresa de Sandokán, Arenal 2000, había redactado para normalizar ese espacio (la carretera de Palma del Río) y legalizar la mayoría de las naves. El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, con el apoyo de IU y PP. La Consejería de Obras Públicas, como el PSOE municipal, puso el grito en el cielo y recurrió. En 2008, los jueces les dieron la razón y rechazaron el plan, básicamente, por provenir de un particular.

El delegado en Córdoba de Obras Públicas mantiene su veto al proyecto

Dos años después, las cosas han cambiado. Y de qué manera. La alcaldesa es ahora consejera de un gobierno del PSOE. Además, su cartera es precisamente Obras Públicas. Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a presentar un plan especial -redactado ya por sus técnicos- que, a falta de que sea aprobado definitivamente, incluiría otra vez la legalización de más de la mitad de las naves (sólo se derribarían el 37,5% de sus 40.000 metros cuadrados). En junio, se dijo que el documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se había elaborado "de la mano" de la Junta, para evitar problemas. Así, la solución porcentual, en el caso de las naves de Sandokán, supondría un "ni para ti ni para mí". Es decir, ni el 50% de derribo que como mínimo se había venido planteando la Junta, ni el 25% que defendía el Ayuntamiento.

Pero a pesar de los buenos augurios, algo ha chirriado. La semana pasada, se conoció el informe que la delegación de Obras Públicas ha enviado al Consistorio. El documento es preceptivo pero no vinculante (no es de obligado cumplimiento) y en él se vuelven a criticar importantes puntos del plan especial de la GMU, como ya hizo con el primer plan rechazado por el TSJA. Uno de los puntos de fricción estriba en el tamaño de la superficie de la parcela de las naves de Sandokán. El informe critica fundamentalmente los usos de explotación y los porcentajes de ocupación que permite el plan del Ayuntamiento.

Y es que, las cosas han podido cambiar mucho en las altas esferas. Pero más abajo, no tanto. El actual delegado de Obras Públicas, Francisco García, ocupaba el mismo cargo en el anterior proceso que rechazó el primer plan especial. "Y él siempre ha sido muy coherente y consecuente con sus ideas", señalan fuentes de su partido, el PSOE. "Él es un técnico. Igual que quienes han redactado el informe. Y si ven que sigue habiendo deficiencias, lo dicen. No importa quién esté al frente de la Consejería", prosiguen. García es, además, un veterano socialista y responsable de la agrupación local en Córdoba.

A pesar de insistir en que no hay ningún problema en el seno del PSOE, las mismas voces reconocen lo kafkiano de la situación y lo complejo que es explicar políticamente el viraje dado. Porque todo el mundo tiene claro que, esta vez, la Junta no va a recurrir al Tribunal Superior la aprobación definitiva del plan, a pesar de seguir encontrando problemas de fondo. De hecho, la consejera Aguilar ya ha dado luz verde y ha pedido que el Ayuntamiento siga adelante. Mientras que el secretario provincial del PSOE y candidato a la alcaldía, Juan Pablo Durán, ha respaldado esta semana la solución municipal, subrayando que "es ejemplar". En una posición más incómoda queda ahora el PSOE municipal. Durante esta legislatura, Rafael Blanco, portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha defendido la tradicional tesis de la Junta y del grupo municipal, que pedía mayor dureza con este caso.

Así pues, todo el mundo da por seguro que la Consejería de Obras Públicas no recurrirá por segunda vez. Pero parece que sí lo harán los particulares que pueden verse afectados por el Plan del Ayuntamiento, como han anunciado. Ya alegaron al anterior proyecto y algunos ya han dicho que repetirán. Y como argumentación para sostener sus recursos van a tener el informe crítico de Obras Públicas. De esta manera, el plan de la Carretera de Palma llegará a los tribunales (otra vez). Y en esta ocasión los magistrados tendrán que tratar el fondo del asunto y no, básicamente, si éste debía haber sido redactado por un particular o una administración, como ocurrió en el primer informe.