El director de Fertiberia afirma que sin las balsas de fosfoyesos la empresa se cerrará
La empresa cree que el Supremo revocará la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
El director de la Fertiberia, empresa perteneciente al Polo Químico de Huelva, Roberto Ibáñez, afirmó ayer que "si se retiran las balsas de fosfoyesos, la planta se verá abocada al cierre de manera inmediata porque ese vertedero forma parte del proceso productivo de la factoría". "Si nos impiden depositar los residuos, la clausura es inmediata", reiteró Ibáñez, en relación con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la concesión administrativa para verter esos residuos porque incumple la Ley de Costas. Dicha sentencia ha sido recurrida ante el Supremo.
Fertiberia viene apilando desde 1968 esos desechos en la zona de Marismas del Tinto frente a la ría de Huelva. Fertiberia utiliza rocas de fosfato para fabricar fertilizantes. Del fosfato se obtiene ácido fosfórico y otro subproducto que se conoce como fosfoyesos. Por cada cuatro toneladas de ácido fosfórico se producen cuatro toneladas de fosfoyesos que van a parar al vertedero.
La resolución judicial ha reabierto el futuro de la industria en Huelva, un asunto siempre espinoso que mantiene dividida a la sociedad onubense entre partidarios y detractores. Pero, además, la sentencia ha hecho aflorar el temor a un repentino cerrojazo. Para los ecologistas ante el miedo a que la empresa se vaya sin regenerar la zona degradada, en la que se acumulan 120.000 toneladas de fosfoyesos y para los trabajadores ante la incertidumbre que se cierne sobre su empleo.
Roberto Ibáñez confía en que finalmente se encuentre un punto intermedio en el que "converjan los intereses de todos". Por ello expresó que la clausura de la planta es "un escenario que no contemplo. Estoy seguro de que contamos con una administración inteligente como para querer que se produzca esa situación". Ibáñez avanzó que mantendrá próximamente una reunión con representantes de la Dirección General de Costas, en primer lugar, y, posteriormente, con la Administración andaluza. La dirección de la factoría trasladará en esa mesa sus propuestas que estarán encaminadas a solicitar "limitaciones de tiempo" o líneas de recuperación ambiental gradual del vertedero, como hasta ahora viene acometiendo la empresa que ha recuperado ya 80 hectáreas.
Fertiberia expondrá sus planteamientos después de que así se lo solicitasen las administraciones, central y autonómica, en una reunión mantenida en Madrid el pasado 25 de julio en la que se abordó el futuro de la planta.
Punto de conexión
Ambas administraciones expresaron la voluntad de "hacer cumplir el espíritu de la sentencia" e instaron a la empresa a plantear medidas para hacer frente a la situación. "Queremos ser optimistas y confiar en que finalmente encontraremos un punto de conexión", remarcó Roberto Ibáñez. Y añadió: "Pondremos la máxima lucidez e inteligencia para hallar una salida al problema". Ibáñez recordó que "no existe una tecnología que permita la transformación de los fosfoyesos". Frente a las propuestas procedentes de los sectores ecologistas que apuntaban a la "inertización" de esos residuos, Roberto Ibáñez, señaló que "ese aspecto hay que dejarlo en manos de los técnicos y los investigadores", pero advirtió que respecto a estos desechos "está todo muy explorado". "Hay que estar con los pies en la tierra. Que nadie piense en experimentos raros", zanjó.
Roberto Ibáñez calificó de "grave" la situación y recordó que no es exclusiva de Fertiberia sino que afecta de lleno a todas las empresas asentadas en la Avenida de Francisco Montenegro.
El cierre de la factoría comportaría la clausura de otras plantas como Foret, Rhodia o Atlántic Cooper, cuyos procesos de producción están ligados entre sí. Fertiberia genera entre directos e indirectos unos 2.000 puestos de trabajo.
El director de la planta onubense insistió en que el primer objetivo es la vía judicial. "Seguimos pensando que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es ajustada a derecho". Ibáñez expresó su confianza en que el Tribunal Supremo dicte una resolución de "diferente signo". La empresa ha solicitado en el recurso de casación que "continúe la suspensión de la ejecución" con el argumento de que "si se aplica ahora la resolución judicial y el Supremo posteriormente nos da la razón, ya sería tarde porque la empresa habría cerrado".
