El dragado del Guadalquivir tendrá que esperar a la decisión de una comisión

La ampliación del dragado del río Guadalquivir -que pretende llevar a cabo durante este año el puerto sevillano para que puedan llegar hasta esta ciudad embarcaciones de mayor calado- sigue en el aire. La Autoridad Portuaria admitió ayer que será una "comisión de autoridades competentes" la que tendrá que decidir sobre la viabilidad de este polémico proyecto.

Cuando las competencias sobre el Guadalquivir no estaban transferidas a Andalucía se creó esta comisión de autoridades, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la que también forman parte las comunidades de Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía y la entidades locales. La decisión sobre la ampliación del dragado estará en sus manos y en las del consejo de participación de Doñana, tal y como aseguró hace unas semanas el Ministerio de Medio Ambiente.

El CSIC recomienda que se realice una gestión integral del estuario

Sin embargo, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, dejó ayer claro que antes de acometer la ampliación del dragado se deben corregir los problemas que tiene el río. El consejero, en declaraciones recogidas por Efe, señaló que la comisión de autoridades propiciará un foro de debate en el que todos los sectores implicados darán su opinión. Díaz Trillo sostuvo que luego se deberá "actuar corrigiendo las debilidades que en estos momentos tiene el Guadalquivir". Cuando estén resueltas, "habrá que tomar la decisión adecuada sobre la posibilidad de dragar el río, antes no".

El espíritu que envuelve las palabras del consejero es el de llevar a cabo una "gestión integral" del río, que sufre una importante presión por la agricultura, por presas como la de Alcalá del Río o por el tránsito de embarcaciones.

Esta gestión integral -es decir, que no se analicen por separado todos los usos del río- es lo que reclamaron ayer el experto del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, dependiente del CSIC, Javier Ruiz, y el investigador del Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada. Ambos han coordinado el estudio Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir, que fue presentado ayer en Sevilla en la Casa de la Ciencia.

El último punto del corolario final de este profundo estudio sostiene que "todas las actuaciones previstas [entre ellas, la ampliación del dragado] repercuten, de una u otra forma, negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, no mejoran la situación frente a fenómenos extremos (turbidez y salinidad) y limitan severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos". Ante esta situación, se plantea que "es recomendable la implantación de la gestión integral de los recursos naturales del estuario y su entorno". Esa gestión integral se llevaría a cabo a través de la comisión de autoridades competentes.

Partiendo de este extenso informe, que empezó a elaborarse en 2007, una comisión científica -compuesta por 12 expertos- emitió un dictamen, no vinculante, en el que se recomendaba que la ampliación del dragado hasta los menos ocho metros no se llevara a cabo en este momento. El puerto emitió un voto particular en el que interpretaba que esta actuación sí se podía realizar.

La declaración ambiental de este proyecto recibió el visto bueno en 2003, durante la etapa del PP, aunque tras llegar al Gobierno central el PSOE decidió encargar el informe sobre el dragado por las posibles afecciones sobre Doñana.