Un drama de integración, éxodo y abandono

Casualidad letal. Una bala perdida entre otros disparos impactó en un menor y lo mató. Fue el pasado 29 de marzo, en el Polígono Sur, en Sevilla. Desde ese día, 35 familias, más de 300 personas, entre las que había 95 menores, han vagado cuatro meses por Sevilla viviendo sin luz y sin agua. Los desalojaron hasta en siete ocasiones de lugares distintos. Nómadas a la fuerza.

Estas 300 personas son familiares de los que dispararon al menor. Temían represalias de tíos y primos del fallecido, y abandonaron sus residencias sin más dilación. Lo primero que hizo la policía fue precintar las viviendas que dejaron, sabían que la mayoría de ellas estaban ocupadas de forma ilegal.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, se percató de que una multitud había empezado a montar infraviviendas bajo el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache. Es un descampado de matojos, con culebras, ratas, cristales, basura, sin sombra, sin electricidad, sin agua. Entre esta maraña, Chamizo descubrió 95 menores que estaban faltando a clase. Y puso una queja de oficio por el grupo de menores. Los servicios sociales de la Junta y el Ayuntamiento tardaron más de diez días en cuantificar los niños que estaban faltando a clase.

La mesa creada por Gobierno, Junta y Ayuntamiento se disolvió en un mes

Hasta 95 menores han estado más de tres meses sin asistir al colegio

Los padres deciden dejar a los menores con familiares tras más de tres meses

El comisionado pide a la Administración que actúe de forma urgente en el barrio

Aun así, la Consejería de Educación fue la primera en actuar. Propuso fletar un autobús para llevar a los pequeños al colegio. El comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, no aprobó la idea. Repetía una y otra vez que era peligroso. Lo que finalmente pasó fue que los niños estuvieron tres meses sin ir a clase. Añoraban los cuadernos, se los pedían a los periodistas. Posteriormente, Educación informó a la fiscalía de la situación de los menores. No mucho más.

Ya hay seis personas encarceladas por el asesinato. Dos de ellas fueron detenidas en Madrid, y otras cuatro personas armadas, en el asentamiento chabolista, vivían entre los niños.

Pasaban los días y las semanas ante la desidia institucional. La Junta debía coordinar y el 11 de mayo, tras 42 días de sed y absentismo, la Delegación del Gobierno regional en Sevilla tomó el mando para coordinar a consejerías, Gobierno central y Ayuntamiento. Aunque las primeras reuniones se hicieron esperar hasta dos semanas: 14 días más. Con estas reuniones, se tenía la pretensión de tomar decisiones conjuntas ante la situación de "extrema complejidad" que provocaban estas familias, incluso tenía visos de formalizarse para tratar el chabolismo en Andalucía. Fue de un optimismo irreal. La mesa se disolvió a mediados de junio. Ya no había coordinación, ni portavocía. Vacío institucional.

Y justo a mediados de junio llegaba el final de curso escolar. Chamizo urgió a que, al menos, se evaluara a los pequeños. Educación los llevó una semana a un centro. Allí se duchaban, comían y jugaron algo. Esa medida fue la que sirvió para evaluar a los menores. Un trámite excepcional, según Educación.

Que no promocionaran de curso fue también un problema para el Instituto Polígono Sur, adscrito al colegio Andalucía, de donde son la mayoría de los niños. Si los chicos no acaban sexto, no hay alumnos suficientes para formar los mismos grupos que ha habido en este curso. Los problemas se extienden a más de una entidad. Crecen.

Y el defensor seguía pidiendo soluciones. Que se estudiara el caso de cada familia de forma individualizada. La Consejería de Vivienda abrió una oficina para estudiar la titularidad de las casas una a una y advirtió de que hasta septiembre no tendrían resueltos los expedientes. Eso implicaba pasar el verano a 40 grados.

Los chabolistas se desesperaban e intentaron volver al Polígono Sur, pero la mediación de asociaciones, la presión de los vecinos, que no querían que volvieran, y la familia del menor fallecido, que transita por el barrio vestida de riguroso negro, disuadieron a los chabolistas y les empujó a volver al asentamiento.

Actuó una alta institución: el Ministerio de Defensa. Les envió a los chabolistas una orden de desalojo del descampado porque ser de su propiedad. Las 300 personas se fueron diligentes. Era 3 de julio. Ese día, empezó una peregrinación bajo el sol de 300 personas por cinco descampados de la ciudad. La ambulancia se llevó a una chica que sufría una insolación. Durante 12 horas, estuvieron escoltados por la policía, que tenía que cumplir la orden municipal de no permitir que se asentaran en ningún terreno municipal. Se fueron a una base dependiente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Allí estuvieron unos días en furgonetas, hasta que les echaron, después fueron a San Juan de Aznalfarache, y les volvieron a echar. Definitivamente, regresaron a los bajos del puente de San Juan. Donde comenzaron el éxodo meses antes.

Y la descoordinación seguía latente. Por un lado, IU y PSOE aprobaron en junta de gobierno una dotación de 305.000 euros para hacer talleres con los menores en verano. Pero se cancelaron ante el nomadismo de las familias. A la administración local se le hacía imposible localizarlos. Y por otro lado, la Consejería de Bienestar e Igualdad Social reaccionó el 13 de julio y ofreció a los menores y a las madres un centro en Bellavista para que pudieran pasar el verano. Ambas medidas fueron rechazadas por las familias, que se negaron en rotundo a separarse.

Los padres tomaron entonces, sólo entonces y no antes, la decisión de llevar a los menores con sus familias extensas; tíos, abuelos, amigos... Temían que la fiscalía, que había sido informada del rechazo de la propuesta de Bienestar, se llevara a los menores. A final de julio sólo quedaron los adultos en el asentamiento.

Pero una chica de 15 años se debió colar con ellos, cuando los chabolistas cuentan que allí murió el bebé de la menor el pasado 29 de julio por un golpe de calor. La versión oficial es que la cría falleció en una vivienda y de muerte súbita. Sea como fuere, esto ha servido de excusa para que las 35 familias, las 300 personas, los 95 menores, hayan vuelto paulatinamente a las viviendas del Polígono Sur. Rompieron los precintos y ya han sido denunciados por la Junta.

Pero llevan una semana, a metros del luto y sin hablar con la familia del fallecido, que está intranquila con la presencia de los chabolistas, al igual que todo el barrio. Los vecinos no quieren que estas 35 familias vivan allí, y se lo han hecho saber al Comisionado, que ha pedido en un comunicado la inmediata y urgente implicación de las administraciones para solucionar el problema. Porque justo esta semana pasada, y con un mes de antelación, la Consejería de Vivienda ha resuelto que sólo una de las familias chabolistas tiene su casa legal. Las demás, nada.

Estas 35 familias son las mismas que en 2004 recibieron en mano una bolsa de plástico con 42.000 euros para abandonar el asentamiento chabolista de Los Bermejales. El Ayuntamiento les dio el dinero sin acompañarlo de medidas de integración. Burló el Plan de Erradicación del Chabolismo y el programa elaborado por el Defensor del Pueblo. Con estos 42.000 se fueron al Polígono Sur, aunque el Ayuntamiento les dijo que no lo hicieran, pero era lo más barato de la ciudad.

Ahora el problema está en el barrio. Y la administración, de vacaciones.