El ex edil Román niega que negociara con Roca el pelotazo de Crucero Banús

El ex primer teniente de alcalde Pedro Román combinó ayer la amnesia y la altanería en su declaración como procesado en el caso Malaya, el macrojuicio contra la corrupción en Marbella (Málaga). Amnesia para olvidar los detalles más significativos de la operación Crucero Banús, la recalificación de un centro comercial que le reportó, según el fiscal, un beneficio de 6,45 millones de euros y supuso un perjuicio para el Ayuntamiento de cinco millones en aprovechamientos urbanísticos. Y altanería para sostener sin sonrojarse, entre otras cosas, que el municipio no solo no resultó perjudicado, sino que se "enriqueció ilícitamente" con los 240.000 euros que Román y sus socios en el pelotazo urbanístico tuvieron que poner para lograr la recalificación. "Estoy esperando que el Ayuntamiento nos devuelva el dinero", le espetó Román al abogado del Consistorio.

"Roca pagó hasta la última peseta del porcentaje que le correspondía"

El que fuera mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil entre 1991 y 1998 trató de desvincularse a toda costa de Juan Antonio Roca. El supuesto cerebro del caso Malaya fue, junto a él, uno de los cuatro socios que en octubre de 2001 utilizaron una sociedad domiciliada en Suiza -Lispag AG- para adquirir por 4,3 millones de euros la mercantil Yambali 2000 SL, propietaria de la parcela de Crucero Banús. Tras obtener la recalificación a través de un convenio urbanístico -el fiscal sostiene que gracias a la influencia de Roca en el Ayuntamiento- los socios vendieron el 90% de Yambali por 10,45 millones de euros al promotor granadino José Ávila Rojas.

Los otros socios en la operación fueron el ex comisario de policía Florencio San Agapito, compañero de Román en el colegio marista de Salamanca, y el abogado Juan Germán Hoffmann, que declaró el lunes en la vista oral. El convenio, firmado a partir del plan urbanístico de 1998, declarado ilegal, estipulaba que el Ayuntamiento recibiría 240 millones de pesetas (1,44 millones de euros), aunque finalmente solo se pagaron 240.000. Además, los socios no declararon el incremento patrimonial a Hacienda, por lo que se les acusa de delito fiscal.

"No tuve nada que ver con la negociación del convenio. Y el señor Roca tampoco. Jamás negocié un convenio urbanístico, eso lo llevaba muy personalmente Jesús Gil", aseguró Román. El ex edil negó también, como sostiene la fiscalía, que la parte de la inversión que correspondía a Roca, el 15%, fuera aportada por los otros socios. "Roca pagó hasta la última peseta del porcentaje que le correspondía", aseguró.

Los cuatro socios no figuraban en los papeles de Lispag AG, cuya administración figuraba a nombre de testaferro, Bruno Baumann. Pesa a haber aportado el 62,5% de la inversión, y ser el accionista mayoritario de la sociedad suiza, Pedro Román afirmó que no sabe cuánto dinero ganó, ni en manos de quién puso la sociedad, ni quién llevo a cabo la negociación del convenio. Su participación se limitó a "formar el grupo inversor", y dejó el armazón jurídico de la operación en manos del abogado Juan Germán Hoffmann.

El ex edil y promotor urbanístico se escudó en la estructura societaria para eludir su responsabilidad: "Pedro Román como persona no realiza ninguna inversión. La hace la sociedad".