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El fiscal del Supremo pide el archivo de la querella del PP contra Chaves

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto la inadmisión de la querella del Partido Popular contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, al no apreciar indicios de los delitos de prevaricación ni tráfico de influencias de los que le acusa la agrupación conservadora. El PP se querelló contra Chaves porque la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa concedió un incentivo a un proyecto presentado por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es representante legal su hija, licenciada en Derecho. Paula Chaves firmó, el pasado 12 de febrero, la notificación de la resolución de concesión del incentivo y la aceptación del mismo. Dicho incentivo, tras algunas correcciones, ascendió finalmente a 10.093.472 euros.

El fiscal explica que Matsa presentó tres proyectos, de los que solamente se incentivó uno, relativo a la construcción de una planta de tratamiento, y por un importe inferior en un tercio a la cantidad solicitada. Según el fiscal, no existe un mínimo indicio de que Chaves, en su condición de presidente de la Junta, influyese sobre funcionarios de la Consejería de Innovación para que el expediente se resolviese de una manera concreta "limitándose [Chaves] a ratificar lo que ya se había establecido por los órganos administrativos competentes".

Simple empleada

Respecto al delito de prevaricación administrativa, el PP, "en su esfuerzo acusador", dice el fiscal, "no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto". El fiscal destaca que la posición que ocupa Paula Chaves en Matsa es la de "empleada por cuenta y bajo la dependencia de la misma, sin que en ningún caso sea accionista ni miembro del Consejo de Administración ni forme parte de la dirección de la misma".

En la tramitación del único de los tres proyectos favorable a Matsa siempre hubo una valoración positiva de la concesión del incentivo, y no se produjeron actuaciones contradictorias, desfavorables y luego favorables, por parte de los organismos administrativos.

Por su parte, el PP emitió un comunicado que criticaba la "saña inquisitorial" del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, contra el presidente valenciano, Francisco Camps con la "protección" a Chaves.

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