El fiscal denuncia al alcalde de Otura por prevaricación
Un promotor dio a conocer los hechos que han llevado al fiscal a denunciar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), y a cuatro ediles más por supuesta prevaricación. Fue un contraataque. Previamente, el regidor había acusado de extorsión al promotor, después de que éste presentara un recurso en el Ayuntamiento en el que se oponía a la entrega de unas viviendas de su empresa porque tenían "defectos" que debía subsanar la constructora Alcuba, que estaba a cargo de las obras.
Según el empresario, la Junta de Gobierno local había acordado por unanimidad conceder licencias de ocupación a las viviendas sin haber finalizado la obra de urbanización. Además, según la denuncia, los ediles prescindieron, a su vez, del preceptivo informe jurídico sobre la legalidad de los hechos, pese a la advertencia del secretario municipal. Lo hicieron dos veces para conceder en total licencias de ocupación a 50 viviendas.
"Múltiples deficiencias"
Además de que no estaban terminadas tenían "múltiples deficiencias", según la denuncia presentada por el empresario. Sin embargo, el Ayuntamiento les dio luz verde después de que los solicitara la constructora Alcuba. La empresa pidió después la recepción parcial de las obras de la urbanización, pero el arquitecto municipal emitió un informe negativo.
Entre otras cosas, según el empresario, la obra no se ajustaba a los plazos y ni la red de abastecimiento ni la de saneamiento estaban a punto. Pese a ello, la Junta Local acordó recepcionarlas, sin hacer referencia a su carácter parcial, lo que supuestamente obliga a la constructora a subsanar las deficiencias en 90 días.
El empresario sostiene que después de pasados sólo 15 días y el alcalde ordenó al técnico municipal que emitiera un informe sobre la subsanación, aunque para ello no le permitiera ni siquiera realizar una inspección de las obras. El informe volvió a ser negativo, pero el alcalde dictó una resolución dando por subsanados todos los defectos.
Finalmente, la obra se recepcionó pese a carecer de los "mínimos elementos necesarios", según el fiscal, que cree que la "voluntad personal" del alcalde se impuso contra todo criterio jurídico y aplicable en este caso. El PSOE ha solicitado ya la dimisión de Fernández-Sanz.
