El fiscal pide la demolición "total" del 'macrocentro' comercial de Armilla

El Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada), proyectado como el más grande de Andalucía y cuyas obras fueron paralizadas en 2006 por orden judicial, puede ser derribado. El fiscal estima que la demolición "íntegra, completa y total" es la única salida para corregir el daño causado.

El juez instructor lo definió como un "Leviatán de hormigón y cemento en plena vega". Ahora, el fiscal reitera su ilegalidad en el escrito de acusación del caso: "Un edificio enorme que ocupa e impermeabiliza 123.000 metros cuadrados y contiene otros 275.000 construidos sin cumplir parámetros importantes de la legalidad vigente".

Este proyecto y las supuestas irregularidades en su tramitación, iniciada en 2005, pasaron factura al entonces alcalde de Armilla, el socialista José Antonio Morales Cara, que no se presentó a la reelección en un municipio que aún gobierna el PSOE. El Ministerio Público solicita para él y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate dos años de cárcel, 20 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en el de funcionario y otro de infidelidad en la custodia de documento público.

El fiscal pide 2 años y 2 meses de cárcel para el empresario Tomás Olivo

En el caso también está imputado el promotor Tomás Olivo, acusado de cohecho en el caso Malaya, y al que el fiscal acusa de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad. Le pide dos años y dos meses de cárcel, inhabilitación para ejercer dos años de promotor y 10.800 euros de multa. Los cuatro concejales del PSOE que votaron a favor de conceder la licencia de obra del proyecto, más dos arquitectos, un abogado y una letrada de Diputación, están imputados y afrontan una petición de ocho años de inhabilitación.

Una denuncia del PP destapó el asunto. El Ayuntamiento aprobó en 2005 el plan parcial en el que se ubicaría el centro, pese al informe negativo de la Consejería de Obras Públicas. Letrados y arquitectos ajenos a la Administración local elaboraron los documentos con "aparente vestidura jurídica" que sirvieron a Morales Cara para "simular un inexistente control de legalidad". Lo hizo así porque el letrado municipal avanzó su opinión desfavorable y el alcalde optó por prescindir de sus servicios.

La Junta apreció "graves irregularidades" durante todo el proceso -ubicación de espacios libres, edificación en zonas verdes, falta de aparcamientos públicos, exceso en las alturas, contradicciones existentes entre el plan parcial y las normas subsidiarias- pero el Ayuntamiento "desoyó íntegramente" todos los requerimientos de la Administración autonómica y aprobó en Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obras.

Morales Cara y Cañavate conocían el informe desfavorable del técnico municipal y el del letrado del Ayuntamiento que, tal y como requirió la Junta, existió. Pero por muy poco tiempo, ya que los entonces alcalde y concejal de Urbanismo "convinieron hacerlo desaparecer" por su contenido desfavorable al proyecto. Comenzaron las obras, se paralizaron, se reactivaron únicamente para garantizar la seguridad y hubo que paralizarlas judicialmente de nuevo durante el proceso de instrucción, ya que el promotor aprovechó la autorización e impartió instrucciones para "proseguir normal pero ocultamente" la ejecución del proyecto.