El fiscal recurre la sentencia contra Ciudadanía del TSJA

La Fiscalía del Tribunal Supremo recurrió ayer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que extendía el derecho a la objeción de conciencia al caso de una familia que no quería que su hijo cursara la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y solicitaba que recibiera una materia alternativa. El alto tribunal andaluz se desmarcó de la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia mostrada por sus homólogos de Cataluña o Asturias y el pasado 4 de marzo firmó un sentencia en la que se eximía un alumno del instituto Delgado Hernández de Bollullos par del Condado (Huelva) de ser evaluado de la citada asignatura. Seis días después, el TSJA reconoció el derecho de los padres de cuatro niños de Málaga a oponerse a "la controvertida asignatura".

El fiscal expone en su recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo la inconsistencia de los elementos de juicio esgrimidos por el TSJA en la citada sentencia ya que, considera que el tribunal andaluz realiza una detallada descripción sobre la libertad ideológica y sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero "no aporta ningún argumento que concrete que en este caso se ha producido una vulneración de derechos".

Esta indefinición, según el escrito de recurso de 16 páginas de la Fiscalía del Tribunal Supremo, impediría conocer qué contenidos concretos de la mencionada asignatura podrían incidir en los derechos fundamentales invocados por los recurrentes.

El fiscal basa su informe en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en diversas sentencias ha establecido la potestad que tienen los estados de incluir asignaturas en sus programas educativos que aporten contenidos religiosos o ideológicos, siempre que estas exposiciones tengan un carácter divulgativo y aséptico, con el fin de proporcionar a los alumnos un nivel de conocimiento que les permita conformar sus propias convicciones.

Mientras la sentencia del TSJA consideraba en la segunda de sus sentencias sobre la citada asignatura que era "sumamente razonable" anticiparse a las consecuencias que se pudieran derivar del estudio de la materia y lo equiparaba a la objeción al servicio militar obligatoria, el fiscal recalca que la objeción de conciencia es el derecho a ser eximido de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones. Así, avisa que se trata de "un derecho constitucional pero no fundamental ni reconocido con carácter general [tan sólo se alude a la mili]" por la Constitución.

La Fiscalía recuerda que este criterio fue adoptado por el Tribunal Constitucional en 1985 en el caso de un recurso similar contra el estudio del Derecho Canónico en la carrera universitaria. En este caso, el TC señaló que no se trata de una disciplina de contenido ideológico, con independencia de que se base en la doctrina de la Iglesia Católica.

Según la Fiscalía, es posible distinguir entre lo que representa la difusión objetiva y puesta en conocimiento de unos contenidos religiosos o ideológicos y lo que es la apología de una determinada fe religiosa o el adoctrinamiento en sus principios. El recurso argumenta que en la hipótesis de que la asignatura incluyera contenidos adoctrinantes, se deberían haber determinado los aspectos concretos, capítulos o temarios específicos. "No sólo no proporciona un razonamiento, sino que genera una verdadera indefensión".