El fraude en las ayudas de la UE asciende a 24 millones
El fraude en las subvenciones de la Unión Europea (UE) a empresas -destinadas para la creación de puestos de trabajo- asciende a 24 millones de euros, cifra que más de 1.500 firmas de siete provincias emplearon de manera irregular. Desde la pasada primavera la Fiscalía Superior y la Guardia Civil coordinaron la investigación y ahora las pruebas del fraude han sido enviadas a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, a la Consejería de Empleo y a todas las fiscalías provinciales excepto Huelva. El caso también ha llegado a la oficina antifraude de la UE (denominada OLAF), según informó ayer Abc.
"Son pequeñas infracciones que denotan una costumbre. Y eso es lo malo, el fraude generalizado", explicaron ayer fuentes del caso. Es cierto que la cantidad media defraudada por empresa ronda los 16.000 euros, pero el gran problema es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas andaluzas y esto puede repercutir en las futuras ayudas procedentes que conceda la UE a Andalucía. "OLAF trabaja estrechamente con las autoridades españolas competentes en sus investigaciones sobre graves irregularidades", confirmó un portavoz de OLAF.
Tras finalizar la investigación, el fraude será analizado en instancias como la fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ahora decidirá si abre una investigación propia. Mientras, la Fiscalía Superior ha enviado a la Consejería de Empleo la información recabada por la Guardia Civil para que proceda a la recuperación de los 24 millones defraudados.
Ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró que es "mentira" que la Junta no haya mantenido un control sobre la gestión de las ayudas al empleo. "No es cierto en absoluto, hemos ejercido un control y lo vamos a seguir ejerciendo", afirmó Recio. Empleo ha realizado 7.000 inspecciones desde 2007.
Sin embargo, a tenor del fraude masivo detectado, las comprobaciones de los inspectores de Trabajo fueron claramente insuficientes. Además, los agentes de la Guardia Civil cruzaron los datos sobre los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social, una operación que podrían haber realizado los inspectores con relativa sencillez, según fuentes del caso.
Las ayudas procedían del fondo social que la UE ofrece para la creación de puestos de trabajo. Bruselas aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta el 20% restante. El compromiso por parte de la empresa era mantener al trabajador cuatro años en nómina, pero este plazo no fue respetado por muchas empresas, que aprovecharon las subvenciones para cometer un fraude masivo y extendido por toda la comunidad. En ocasiones los trabajadores fueron despedidos tras solo 15 días.
A la espera de los detalles de la investigación, las futuras ayudas procedentes de Bruselas están en entredicho.
