El funcionario que destapó el 'caso Malaya' destaca el caos urbanístico

"¿Usted no denunció a Roca?" La pregunta sacó ayer al juicio del caso Malaya del tedio en el que se había visto sumergido tras varias jornadas que solo motivarían a un experto en derecho tributario. Jorge González, el funcionario que puso al juez Miguel Ángel Torres sobre la pista de la trama de corrupción marbellí, declaró como testigo ante el tribunal y no retrocedió un paso.

El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella admitió que, en su día, informó al juez Torres de que el Ayuntamiento le había quitado todo el poder a los funcionarios y que, aunque no tenía ninguna prueba de que aquello se estuviera haciendo para delinquir, sí tenía la convicción moral de que así era. Ningún funcionario le dijo que hubiera presenciado una actuación corrupta, pero sí había una "idea general" sobre determinados comportamientos ilícitos. González habló durante cerca de una hora. Para sorpresa general, la abogada de Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso, no formuló preguntas.

El jefe jurídico de Urbanismo en Marbella carecía de funciones ejecutivas

González declaró dentro del bloque del juicio dedicado a la operación Crucero Banús, un pelotazo inmobiliario que generó más de seis millones en beneficios y en el que el ex asesor de urbanismo marbellí participaba como socio, junto al ex concejal gilista Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito. El fiscal cree que todos aprovecharon la influencia de Roca para lograr un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio.

El técnico relató que, a pesar de ser jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, no tenía ninguna función en disciplina urbanística desde 1998, "ya que se había hecho un traspaso a personal externo de esas funciones". Tampoco emitía informes sobre la legalidad de las licencias ni de los convenios urbanísticos. "No había seguridad jurídica, pero sí de que se concedían las licencias", consideró el funcionario.

González aseguró que en el Ayuntamiento reinaba la arbitrariedad en materia urbanística. "No había criterio alguno, sino una anomia (falta de normas) buscada", aseguró a una pregunta del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. "En una comisión de gobierno se concedían licencias conformes al Plan Urbanístico de 1986 para viviendas unifamiliares, en otro punto del orden del día se daban permisos para un poblado mediterráneo conforme a la revisión del documento y a continuación, otorgaban otra que se ajustaba a una carta del equipo redactor", detalló.

El funcionario describió, siempre de forma muy técnica, un panorama en el que resultaba prácticamente imposible precintar construcciones irregulares de "gran entidad", por lo que las obras llegaban a terminarse. "Aunque parezca raro o pintoresco, las obras con las infracciones más groseras no se sancionaban", algo que sí ocurría, con las más pequeñas, según González.

En la sesión de ayer terminó el interrogatorio de un funcionario de la Agencia Tributaria que también habló de "la influencia y el control" de Roca en el Consistorio y aseguró que el máximo imputado del caso Malaya era "socio" del fallecido alcalde Jesús Gil y de otros altos cargos, incluso electos del Ayuntamiento de Marbella.