La gallina de los huevos de oro está bajo sospecha

La actualidad sobre el dinero público es un monotemático lamento sobre recortes, restricciones o simple y llanamente colapso. Pero no hay que irse tan atrás para recordar cuando en Andalucía se hablaba de pleno empleo para 2010 y el dinero para los proyectos de los emprendedores llegaba fluido desde las arcas de la Administración andaluza y del Ministerio de Industria. En tiempos de sueldos congelados y recortes generales en el gasto público, el cerrojazo o la espantada protagonizados por algunos de estos proyectos subvencionados tienen sabor a puñalada. El denominador común es que habían recibido ayudas públicas antes incluso de iniciar su actividad. El goteo de fracasos empresariales abre el debate sobre la eficacia del sistema de incentivos de la Administración andaluza.

La Orden de Incentivos gestionó 359 millones para nuevos proyectos

Ros Casares recibió 11 millones para una inversión de 40 que no llegó a arrancar

Un emprendedor ahora huido recibió 15 millones de Industria en Cádiz

La patronal gaditana exigió que no se pidieran avales a las compañías

Por parte estatal, desde 2007, la bahía de Cádiz recibe ayudas para la reindustrialización de la comarca. Desde ese año la bahía gaditana es la que más dinero recibe de un listado que pretendía compensar el declive industrial gaditano, pero también remozar las empresas de Soria, Teruel, o Jaén; vencer la deslocalización del textil, el calzado, el juguete, el mueble o el papel y auxiliar zonas deprimidas como el entorno de Garoña o varias áreas de Galicia. El último año, el de 2010, Cádiz recibió 130 millones de euros, el doble que la segunda en la lista. Las dudas sobre este plan de ayudas han surgido este verano cuando el Ministerio de Industria, vía Boletín Oficial del Estado, ha reconocido que varias compañías beneficiadas por estas subvenciones y anticipos no han desarrollado los negocios comprometidos.

Las tres grandes líneas de ayudas a empresas de la Junta son la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo empresarial de Andalucía, la participación en capital riesgo por parte de Invercaria y el programa de Fondos Reembolsables. Desde el año 2005 (que fue cuando nació Invercaria), la Junta ha subvencionado con 632 millones un total de 6.171 proyectos industriales, con una clara apuesta por aquellos vinculados con la innovación. De todos esos proyectos, desde el Gobierno andaluz se apunta que los que han resultado fallidos (han cesado tras recibir las ayudas públicas) no van más allá del 4% en la Orden de Incentivos y muchos menos en las otras dos líneas.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que tiene en marcha en la actualidad varios expedientes para exigir el reintegro de las ayudas a las empresas que no han cumplido sus compromisos.

La actual Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo empresarial de Andalucía, vigente desde diciembre de 2008 y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional e incorporada en el Programa Operativo Feder 2007-2013, ha incentivado con 359,5 millones de euros la puesta en marcha de 5.778 nuevos proyectos empresariales que han comprometido una inversión privada de 1.735,5 millones y la creación de 7.436 nuevos empleos.

La gama de ayudas va desde incentivos directos, incentivos reembolsables, bonificaciones de tipos de interés, participaciones en capital, préstamos participativos, avales, aportaciones al capital o préstamos del Banco Europeo de Inversiones. La concesión de estos incentivos está condicionada a la justificación por parte de la empresa de, al menos, un 50% de su plan de ejecución, aunque también existe la opción de los anticipos. Si el proyecto tiene cofinan-ciación europea la empresa tiene la obligación de mantener la inversión al menos durante cinco años. Cuando no se puede justificar la subvención se inicia el proceso de reintegro. Aunque no hay datos oficiales, Economía estima que las ayudas fallidas rondan el 4%.

Por lo que respecta a Invercaria, una empresa pública especializada en capital riesgo perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y participada al 100% por la Agencia IDEA, desde el año 2005, la cartera de Invercaria está compuesta por 278 empresas con una inversión superior a los 61 millones. Del total de proyectos, seis son las empresas que actualmente se encuentran en concurso de acreedores, con una inversión total de 3.700.000 euros. Es prácticamente imposible que se recuperen estos fondos.

Finalmente, la Junta puso en marcha hace un año y medio el sistema de Fondos Reembolsables, que centra sus esfuerzos en aquellos sectores con alto potencial tecnológico e innovador y en empresas con una dimensión adecuada para competir en una economía globalizada. IDEA ha puesto a disposición del tejido empresarial andaluz 10 Fondos Reembolsables con una dotación acumulada de 720 millones. Hasta el momento los fondos ya operativos han apoyado 115 proyectos con una inversión aprobada de 212 millones de euros para una inversión inducida de 908 millones y un impacto esperado en el empleo de 8.917 puestos de trabajo. Desde la Consejería de Economía se indica que no existe ningún proyecto que haya resultado fallido hasta el momento, aunque se admite que algunas empresas están atravesando dificultades.

Entre los proyectos que arrancaron con apoyo económico de la Junta y que nunca se concretaron algunos son especialmente llamativos, ya sea por el impacto económico como por las expectativas que despertaron los anuncios de los mismos.

Al grupo del empresario Francisco Ros Casares se le aprobó en enero de 2007 una subvención de 11,25 millones de euros de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para su proyecto industrial en Andújar (Jaén), donde preveía una inversión global de 42 millones de euros en una planta de fabricación de tubos de acero de precisión. Además, el Gobierno andaluz se comprometió a sufragar la urbanización de los terrenos a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). Pero Ros Casares, que había asegurado que generaría 1.200 empleos en cuatro años, anunció a finales de 2010 que desistía de su proyecto por la crisis.

Otro de los proyectos estrella de esta política era el de una compañía de la familia Ruiz-Mateos. El Gobierno andaluz y el central prometieron 14 millones de euros en ayudas públicas para la fábrica de Jaén, en la que Dhul había anunciado una inversión de 50 millones de euros para recolocar a 75 extrabajadores de Primayor. Sin embargo, dos años después de aprobarse los primeros incentivos, la Junta se ha personado en el concurso de acreedores de Dhul con el fin de recuperar los cuatro millones concedidos por la Agencia IDEA, como anticipo de una subvención de algo más de seis millones. El resto, hasta los 14, no llegaron a transferirse. En este escenario, con un agujero patrimonial de 618 millones, el grupo Dhul suspendió la construcción de su planta en Jaén.

Hace pocos días, se conoció el fracaso empresarial de la empresa Vehículos Móviles Versátiles (VMV), cuyas plataformas de hoteles móviles habían llegado hasta los circuitos de Fórmula 1, que ha entrado en concurso de acreedores tras haber recibido más de un millón de euros en incentivos de los gobiernos andaluz y central para su planta en Arjonilla (Jaén). Invercaria se involucró en el proyecto con una participación de unos 800.000 euros. Empleo le autorizó casi medio millón de euros, la mayoría para un taller de empleo que cerró poco después del 22-M y sin haber formado a los futuros empleados.

Entre las ayudas provenientes del Ministerio de Industria para la reindustrialización en Cádiz, destacan los casos de Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales o AquaAndalucía. Las tres recibieron 15,5 millones de euros y las tres tienen relación directa con el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña. Está desaparecido para la Administración y además ha dejado colgados otros proyectos que estaba desarrollando en Alcalá de los Gazules. Industria ya ha requerido al empresario la devolución de las ayudas y, según fuentes del Ministerio y de la Junta, ha mostrado su intención de devolverlas. Pero el caso ha sido todo un escándalo. Primero, porque ha puesto en duda los criterios que se usaron para repartir las ayudas. Industria no pidió avales a las compañías porque fue una exigencia de la patronal gaditana. Se ayudó a las pequeñas y medianas empresas pero se facilitó la trampa. Segundo porque ha certificado el fracaso de los planes de auxilio a la bahía gaditana tras el cierre de Delphi. La polémica precipitó la salida del gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales.

Industria acaba de reclamar la devolución de las ayudas a otros 19 negocios. En esta lista hay tres empresas de Cádiz y tres de Jaén.