Los gitanos huyen de Castellar por los incidentes tras una pelea

A Rosa, Rafa, Juan, Luis, Paqui, Tamara y Emilia se les puede leer el miedo en su rostro. Son los seis hijos y la sobrina de José Escobedo y Toribia García. Esta familia gitana permanecía ayer recluida y atemorizada en una casa medio en ruinas en la barriada marginal de El Polvorín, en Castellar (Jaén, 3.800 habitantes), custodiada por una pareja de la Guardia Civil. En la otra esquina del pueblo, enfrente del cuartel y junto al colegio público, otros miembros de la misma etnia permanecían atrincherados y sin dar señales de vida, con las persianas bajadas y la vivienda bien pertrechada.

Eran las dos únicas familias de esa etnia que en la mañana de ayer permanecían en esta localidad jiennense. Ya por la noche, fuentes de la Policía Local aseguraron que algunas familias habían regresado al pueblo al amparo de la protección de la Guardia Civil. Eso sí, desde su llegada permanecen encerrados en sus casas. Setenta de los 93 gitanos censados en Castellar siguen fuera de la localidad, de la que salieron despavoridos. Algunos aconsejados por el alcalde, Pedro Magaña (PSOE), y otros por voluntad propia, y se han refugiado en domicilios familiares en otros pueblos cercanos. Todo surgió de un incidente durante el fin de semana, primero con una pelea entre payos y gitanos la noche del sábado, que continuó el domingo con una manifestación espontánea en la que centenares de vecinos pidieron a gritos la expulsión de los gitanos, a los que culpan de la escalada de la delincuencia en los últimos meses. La Guardia Civil, que mantiene un dispositivo de vigilancia en el pueblo, ha detenido a un ciudadano de etnia gitana, de 37 años, por amenazas de muerte a otros vecinos.

"¿Por qué hacen esto?", se preguntaban atónitos José y Toribia, todavía con el habla temblorosa por lo que le pudiera ocurrir a su familia. "El que haya hecho algo que lo pague, pero que no nos metan a todos en el mismo saco", sostenían, mientras lamentaban que no podían salir a la calle a comprar comida para sus hijos. Ninguno de ellos asistió ayer al colegio por el temor a ser puestos en el ojo del huracán por el resto de escolares.

"Que se vayan del pueblo", comentaba sin miramientos a las puertas del colegio Justa Bustos, ante la aprobación del resto de madres. Sólo alguna, como Eva María Fernández, advertía del riesgo de generalizar: "Los niños no tienen por qué pagar las consecuencias, deben ir al colegio". Eso sí, todos se afanaban por dejar claro que la revuelta vecinal nada tiene que ver con el racismo. Varios profesores del colegio, como Antonio, temían el daño que estos incidentes puedan provocar en la educación de los pequeños escolares gitanos.

Ramón y Alejandro, dos de los jóvenes que se vieron envueltos en la pelea con gitanos la noche del sábado, cuentan a su manera lo sucedido: "Empezaron a provocar en la zona del botellón hasta que nos liamos a palos, pero antes ya estábamos hartos por sus continuas amenazas y robos". Esa trifulca motivó que decenas de vecinos rodearan y tiraran objetos contra varias viviendas de la etnia gitana. Muchos de esos vecinos volvieron a concentrarse ayer ante el Ayuntamiento para crear una plataforma vecinal con la que quieren demandar más seguridad ciudadana. Para el próximo sábado preparan una gran manifestación.

En Castellar muchos son los que censuran la falta de implicación del alcalde, Pedro Magaña, del PSOE, que el sábado no quiso abanderar la manifestación vecina. "No se trata de echar a nadie del pueblo, sino de reconducir la situación de manera pacífica", decía Magaña, que ha convocado para hoy una junta local de seguridad ciudadana. Antes, ayer mismo, con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, y el resto de grupos políticos del municipio, PP y PA, mantuvo un encuentro con colectivos sociales de la localidad para intentar calmar los ánimos.

El alcalde insistía en que, pese al requerimiento de sus vecinos, se negará a encabezar una manifestación contra los gitanos. En el recuerdo de Magaña y de la clase política jiennense están aún episodios similares años atrás en Martos, Beas de Segura o Mancha Real. En esta última localidad, el alcalde y varios concejales (que fueron expulsados del PSOE) fueron condenados a penas de prisión por alentar las protestas vecinales durante la revuelta del año 1991, que tuvo su desencadenante en el asesinato de un vecino por miembros de la etnia gitana.