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La memoria histórica

El goteo de la memoria

La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía

Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.

Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.

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Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.

La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.

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La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.

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