Los inmigrantes protestan contra el "bloqueo" de permisos en Almería
Varias ONG hablan de "prácticas abusivas" en los procesos de normalización
Alrededor de mil personas secundaron ayer la convocatoria de manifestación realizada desde una treintena de colectivos, la mayoría, asociaciones que representan o colaboran con trabajadores migrantes, como Almería Acoge o el Sindicato Obreros del Campo (SOC), entre otras. Exigen a la Subdelegación del Gobierno un "trato justo" hacia los trabajadores venidos de otros países y que tratan de regularizar su situación en España. Estos colectivos aseguran que muchas personas son víctimas de "abusos" en la Oficina de Extranjería donde, incluso, se llegan a dar circunstancias "fuera de la ley" al realizar "prácticas abusivas" en la gestión que realizan, explican los convocantes en un manifiesto conjunto.
"Almería es un laboratorio donde se experimenta qué hacer", dice Chamizo
Según sus observaciones, durante los últimos años se han incrementado las "trabas" para la obtención del permiso de residencia. Particularmente en la autorización excepcional de residencia y trabajo a través del denominado arraigo social por la que se permite un permiso provisional, transcurridos tres años en territorio nacional, si se acreditan una serie de documentos: empadronamiento, contrato de trabajo o expediente policial limpio, entre otras.
Los manifestantes y afectados critican la falta de agilidad de la Administración y la persecución "enfermiza" hacia los demandantes. La cuestión está en que la "tardanza" en responder a las solicitudes hace que muchos de los documentos solicitados hayan caducado y, de nuevo, se vuelve a la gestión inicial.
"Cualquier expediente en Jaén tarda la mitad que aquí. En Almería, solo se resuelven los que salen por recurso Contencioso-administrativo", sostiene Juan Miralles, de Almería Acoge. "Los abogados de Extranjería nos comentan que son especialmente intransigentes, que establecen filtros infranqueables". Uno de sus ejemplos es el de una mujer de Guinea Ecuatorial, cuidadora en tres domicilios en los últimos tres años a la que tan solo le falta acreditar un mes de estancia durante ese tiempo. "Es ilógico pensar que no ha estado aquí. ¿Dónde iba a ir?", se pregunta Miralles, quien pide "justicia, no flexibilidad".
La normativa de Extranjería "es aplicada en toda España con fluidez", pero en Almería "la mayor parte de expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo" y el porcentaje que se concede "es extinguido por la oficina de Extranjería a los tres días de estar de baja en Seguridad Social", acusan los manifestantes. "Tiran por tierra los procesos de normalización y se incrementa la presencia de mafias que dan permisos falsos. Están criminalizando al inmigrante", insiste Miralles.
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, conoce las cifras de extranjería en el resto de provincias y les da la razón. "Almería es un laboratorio" donde se "experimenta" en materia de inmigración para "ver luego qué se va a hacer en otros sitios".
Hasta finales de noviembre, y según datos del Gobierno, se presentaron 6.254 solicitudes para renovar el permiso de residencia y 4.656 se han denegado. En 900 de los casos la causa es que la empresa no acredita medios para mantener el puesto de trabajo, mientras que en cerca de 350 supuestos la empresa tiene deudas con Hacienda, lo que lleva a pensar a la Administración que la empresa no tiene solvencia. La Subdelegación en Almería atiende cada día a 708 personas.
Cinco años en el laberinto de los papeles
"Antes se conseguían los papeles en Almería y luego la gente se iba a otro sitio a trabajar. Ahora se hace lo contrario". I. D., senegalés de 31 años, no tiene en sus manos un estudio pormenorizado de los datos de las diferentes oficinas de Extranjería del país, pero conoce la experiencia de decenas de personas, compatriotas y compañeros de los múltiples trabajos por los que ha pasado que, como él, tratan de conseguir regularizar su situación en el país. No tiene miedo a dar su nombre ni a esconder su rostro, pero desde los colectivos que trabajan con personas migrantes le aconsejan no hacerlo para prevenir posibles represalias. Él no cree que su situación pueda ir a peor.
Asegura que llegó a Almería en abril de 2006. Su hermano mayor lo hizo diez años antes. Ha solicitado en dos ocasiones una autorización excepcional de residencia y trabajo a través del denominado arraigo social y hasta ahora se la han denegado.
Nada más llegar, consiguió trabajo en una embarcación de una empresa con sede en el puerto de Almería y durante seis meses estuvo en el mar, salvo los fines de semana. "No podía ir al médico, para conseguir una prueba, porque tenía que trabajar" y no quería tener ningún error, porque sabía que pronto su jefe le iba a hacer un contrato. Sin embargo, un día, en un control policial descubrieron su situación irregular y su jefe tuvo que pagar una multa de 3.000 euros. "Hasta que no consiga los papeles no me hará un contrato", dice y, por otro lado, necesita un contrato para lograr su objetivo. A partir de entonces, todo es una odisea. Hace siete meses que trabaja en un invernadero, pero su jefe no quiere facilitarle sus datos fiscales.
Igual le sucede a P. A. P., de 24 años. Vino de Senegal hace seis años y ha intentado conseguir permiso de residencia en tres ocasiones. Ambos tienen previsto irse a Jaén o Murcia. Allí, dice I. D., lo han conseguido dos de sus hermanos cuyas circunstancias son prácticamente idénticas a la suya.
