La investigación judicial del 'caso Mercasevilla' involucra a un ex edil

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al ex concejal socialista Gonzalo Crespo por la supuesta venta irregular de los terrenos municipales. Crespo presidía en 2006 la mesa de contratación del concurso de los terrenos públicos que la magistrada considera "fraudulento y antieconómico". La juez ha imputado junto a Crespo a la directora del área económica de Mercasevilla, Pilar Giraldo, y ambos están citados para comparecer a finales del próximo febrero.

El ex edil Crespo fue presidente de Mercasevilla cuando se acordó la venta de sus terrenos a la empresa Sando, en febrero de 2006, y también fue concejal socialista en el Ayuntamiento en el anterior mandato y hasta 2007.

La magistrada ha imputado también a la directiva Pilar Giraldo

"Resulta necesario para continuar con la investigación de la causa tomar declaraciones [a Crespo y Giraldo] que por su contenido incriminatorio y por el necesario respeto al derecho de defensa, deben ser tomadas en calidad de imputados", puntualiza la juez Alaya.

Ayer la portavoz del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento, Maribel Montaño, declaró a Efe que la imputación de Crespo se ha producido para "el conocimiento de la verdad y para preservar sus derechos constitucionales y garantías procesales". Tanto Crespo como otros cargos políticos han descargado su responsabilidad para aprobar las supuestas irregularidades con la excusa de que venían avaladas por informes técnicos favorables.

El caso judicial avanza y los imputados aumentan. Ya son diez los acusados en esta segunda investigación que pretende aclarar las supuestas irregularidades cometidas en el concurso que ganó la constructora Sando pese a no presentar la mejor oferta. Todos los miembros de la mesa de contratación están imputados tras la acusación contra Crespo y Giraldo. A estos dos últimos se les suma al ex director gerente Fernando Mellet, el ex vicesecretario y asesor jurídico Jorge Piñero, la jefa del servicio de Vía Pública María Victoria Bustamante y el técnico economista José Antonio Ripollés. Mientras, están asimismo imputados los tres directivos de la cúpula de Sando y el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño.

En su último auto, la juez del caso ha acordado asimismo pedir a la Agencia Tributaria un informe sobre la adjudicación de la venta de los terrenos y si la baremación aplicada respondió a "criterios lógico-económicos". La juez considera que el concurso fue irregular ya que resultó ganadora la oferta de Sando frente a mejores propuestas.

Con este informe solicitado a la Agencia Tributaria, la juez pretende contrastar lo declarado por el testigo Antonio Pajares Ruiz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, quien manifestó que la decisión de puntuar con cero puntos a Noga en aplicación de la cláusula de "alza desproporcionada", por superar el 10% de la media de las demás, fue "una interpretación personal y no la consultó con nadie".

También manifestó que fue una "interpretación de la lectura global del pliego de condiciones" su decisión de valorar más favorablemente la oferta de pago al contado sobre el aplazado, pese a que esa premisa no aparecía en el citado pliego.

Por otra parte, la juez ha pedido a Mercasevilla que entregue la documentación que acredite que notificó a los ocho licitadores un informe con el resultado del concurso para la adjudicación del derecho de opción de compra sobre los terrenos, que se adjudicó Sando tras una operación de compra a Mercasevilla y la constructora Larena 98.