La juez archiva el caso por malos tratos a discapacitados en Sevilla

Una juez ha archivado la denuncia que interpuso la fiscalía por malos tratos a discapacitados mentales en un centro de la Congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca en Dos Hermanas (Sevilla). El ministerio público denunció a siete personas por el trato denigrante dispensado a 27 pacientes con graves minusvalías, pero tras investigar la juez ha constatado la "cuidada atención dispensada a los internos" y el buen estado de las instalaciones, según refleja el auto de archivo del pasado 22 de julio, pero notificado a las partes este mes. La congregación cerró la residencia tras la instrucción judicial.

La magistrada considera que los cuidadores de los discapacitados imputados, entre ellos dos frailes, no tuvieron intención de menoscabar la integridad física y moral de los internos, y les exime del delito por trato degradante penado con hasta dos años de cárcel. Tras los interrogatorios a la dirección del centro, los cuidadores y los familiares de los pacientes, la juez ha concluido que no existen indicios suficientes para considerar que se produjeron malos tratos de manera sistemática. El auto detalla que las contenciones impuestas a los internos para evitar accidentes siempre fueron prescritas por los médicos y consentidas por los familiares.

El pasado enero otro juzgado ya archivó, por falta de pruebas, otra causa paralela contra el director de la residencia por instigar un supuesto acoso a dos trabajadoras que denunciaron malos tratos a los internos.

"Hemos confiado siempre en la justicia y ahí está el resultado. El auto no solo dice que no hay indicios, sino que se hizo una inspección ocular y efectivamente no había nada irregular", opinó Rafael Montes, abogado de la institución religiosa.

Un mes antes de la denuncia de la fiscalía, la Junta canceló el concierto que mantenía con el centro -la Casa Miguel Mañara en Dos Hermanas- y trasladó a otra residencia de Gines a 24 de los 27 pacientes por "reiterado incumplimiento de la normativa de Residencia de Gravemente Afectados (RGA)", según fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Tres de los pacientes permanecieron en el centro de la congregación religiosa por decisión de sus familiares. Los inspectores de la Junta detectaron que los internos podrían haber consumido alimentos caducados, recibido insultos, bofetones y se les habría dejado sin comer como castigo.

A pesar de su profundo deterioro mental, los internos estaban sometidos a un estricto régimen disciplinario con severos castigos como duchas frías y periodos sin visitas de sus familiares, según los inspectores. Sin embargo, la juez discrepa y no ha hallado pruebas de los supuestos abusos.