La juez imputa al exconsejero Fernández
La magistrada Alaya acusa al extitular de Empleo de tráfico de influencias, malversación y prevaricación tras la declaración de Guerrero ante la policía
La juez Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE fraudulentos subvencionados con dinero público por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. El caso da un enorme salto cualitativo al salpicar de lleno a un cargo histórico del PSOE y exconsejero durante seis años (2004-2010), cuya imputación pone en aprietos al partido socialista, que ha defendido su gestión en las últimas semanas. La juez Alaya considera que Fernández conoció y permitió algunas de las irregularidades que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha confesado en sus declaraciones ante la policía como testigo e imputado.
"Ni he firmado, ni he consentido ningún intruso", afirma Fernández
La imputación de Viera obligaría a enviar la causa al Tribunal Supremo
Fernández, que actualmente preside el consejo regulador de los vinos de Jerez, recibió ayer un burofax en el que la magistrada le informaba de su próxima imputación en las "diligencias nuevas", al ser un "presunto participante" en los tres supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, para que se persone con abogado y procurador. En la nueva vía de investigación que analiza todos los ERE (expedientes de regulación de empleo) tramitados desde la Consejería de Empleo están imputados los intrusos (falsos prejubilados en las empresas beneficiadas por las ayudas) identificados por la policía, los intermediarios, Guerrero y ahora Fernández.
"Ni he firmado, ni he pagado, ni he consentido o conocido ningún intruso. Estoy muy tranquilo porque la imputación es una garantía de mi defensa", señaló ayer Fernández. ¿Esperaba su imputación? "Después de las declaraciones de Guerrero, que ha dicho que yo estaba al tanto de las irregularidades, pues claro", zanjó el exconsejero. El exdirector general de Trabajo durante nueve años aseguró el pasado viernes a la policía que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera en los consejos de dirección mensuales que celebraba la Consejería de Empleo. Fernández firmó como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el convenio que en 2001 dio vía libre al fondo de ayudas para empresas en crisis, y que la policía considera vulnera la ley.
De este modo, el nivel de responsabilidad en la Junta durante la década en la que concedió ayudas públicas a empresas en crisis con un fondo de 647 millones entre 2001 y 2010, sigue en aumento. El previsible devenir de la instrucción judicial apunta a que la responsabilidad política de la gestión de los ERE (560 millones) y las ayudas directas a empresas dotadas con 87 millones conllevará la imputación del secretario general del PSOE de Sevilla y senador, José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, periodo en el que Guerrero dirigió la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, la imputación de Viera supondría que el Tribunal Supremo asuma toda la investigación de los ERE dada su condición de aforado, y el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantendría solo la investigación por corrupción en la empresa pública Mercasevilla.
La última imputación judicial de un exconsejero por su gestión en la Junta se produjo en 1999, cuando Juan José López Martos resultó acusado y posteriormente absuelto en el caso Ollero. Ahora, al margen de la docena de intrusos detenidos por la policía, con la imputación de Fernández el caso de los ERE toma un cariz más político aún si cabe, tras servir de munición habitual de la oposición en el último mes.
Un histórico dirigente del PSOE andaluz
Antonio Fernández (Jerez, 1956) es un dirigente histórico del PSOE andaluz con una amplísima trayectoria. Hasta 2010 y durante seis años ejerció como consejero de Empleo, estuvo nueve años como viceconsejero de Trabajo y Empleo (1995-2004), 11 años como concejal del Ayuntamiento de Jerez y siete años como diputado provincial de Cádiz. El pasado abril interrumpió esta sucesión de altos cargos con el nombramiento del nuevo consejero de Empleo, Manuel Recio.
Fernández estuvo involucrado en la gestión del fondo de ayudas públicas a empresas en crisis dotado con 647 millones desde el principio, ya que en 2001 firmó el convenio que dio vía libre a este fondo como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) junto al entonces consejero José Antonio Viera.
La policía considera que este acuerdo vulnera la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y que fue concebido como un sistema para escapar del control de la Intervención General de la Junta, por lo que considera que todas las ayudas públicas son "nulas de pleno derecho".
Ahora Fernández preside el Consejo Regulador de los vinos de Jerez después de que su departamento aprobara un ERE en 2009 que afectaba a 10 trabajadores de dicho consejo regulador, al del brandy y la federación de bodegas jerezanas. "No me imaginaba que iba a presidir una de ellas", afirmó Fernández la semana pasada.
Además, el propio Fernández se acogió como trabajador en excedencia al ERE que presentó la bodega González Byass en 2008. La Junta subvencionó ese ERE con 17 millones, y el expediente incluía un calendario de pagos por la póliza de Fernández por 386.000 euros, al margen de los 31.419 euros que le correspondían en una póliza de renta que cobrará cuando esté desempleado o se jubile. Sin embargo, Fernández no cobrará los 386.000 euros destinados en un principio para él como extrabajador de la bodega, porque no firmó la adhesión a la póliza ni pertenece a la asociación que crearon los empleados afectados. "No hay nada que aclarar en el ERE de González Byass ni del consejo regulador", opinó ayer Fernández.
Fernández, abogado laboralista jerezano que ejerció en las asesorías jurídicas de los sindicatos CC OO y UGT, ha defendido su gestión al frente de la Consejería de Empleo como un colchón necesario para las grandes empresas en crisis y un sistema para no dejar en la estacada a trabajadores que sufrían las diferentes reconversiones industriales. El ex director general Javier Guerrero dijo a la policía que informaba a Fernández y Viera de sus decisiones en los consejos de dirección mensuales, pero también les hizo responsables de la concesión de las ayudas directas a empresas por 87 millones.
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