La juez ultima la instrucción por abusos en la Cruz Blanca

Las víctimas son discapacitados de un centro de Córdoba

La investigación judicial por los presuntos casos de abusos y malos tratos a disminuidos psíquicos en el centro de la Cruz Blanca de Córdoba quema sus últimas etapas. Sólo tres meses después de que arrancasen las pesquisas, fuentes judiciales confirmaron ayer que la instrucción está prácticamente terminada y el fiscal ultima su escrito de calificación. Ayer terminaron las declaraciones de testigos y presuntas víctimas, pero la defensa podría pedir la comparecencia de más personas o nuevas diligencias.

Como resultado de la investigación, la juez decidió imputar a tres personas por este caso. Entre ellos, se encuentra el responsable del centro San Francisco de Asís, el fraile Manuel Ortiz -muy popular en Córdoba, donde es conocido como el hermano Manolo-, al que se le acusa de delitos de abusos sexuales y malos tratos. Además, están imputados otro religioso y un ex trabajador del centro.

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Imputados dos frailes y seis trabajadores de la sede central

Por el juzgado de Instrucción 6 de Córdoba han pasado presuntas víctimas y testigos desde que, en marzo, comenzase la investigación policial y judicial, a raíz de una serie de anónimos que alertaban de los presuntos abusos en el centro, regentado por los hermanos de la Cruz Blanca. Fuentes judiciales descartaron ayer que el fiscal fuese a retirar las acusaciones sobre los tres imputados. Estas fuentes confirmaron que al menos tres familias y tutores de internos han decidido personarse como acusación particular. Una de ellas ha sido la Fundación Cordobesa de Tutela, responsable de dos de los usuarios que presuntamente han sido víctimas.

Este no es el único caso de abusos sexuales que ha protagonizado la congregación de Hermanos de la Cruz Blanca en Córdoba. El 3 de junio, Ángel C. U. P., un voluntario laico, pero postulante a convertirse en fraile, aceptó cinco años de cárcel por cometer tres delitos de abusos contra un interno con un 85% de discapacidad mental. Las agresiones ocurrieron el pasado verano. La policía conoció el suceso en octubre a través de un anónimo recibido poco antes de que la Reina fuese a visitar el centro. Por este caso, la Cruz Blanca pagó 5.000 euros a la familia como indemnización.

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