La ley de Cooperativas abre la puerta a inversores ajenos al mundo agrícola
La UPA critica que se pervierta el modelo tradicional y se perjudique a los socios
El anteproyecto de la futura Ley de Cooperativas Andaluzas, que en estos momentos tramita el Gobierno autónomo, deja la puerta abierta a la entrada de inversores privados en las sociedades de segundo o ulterior grado. En la práctica, la nueva norma va a permitir que la presidencia pueda recaer en personas ajenas al mundo agrícola que solo buscaran réditos a corto plazo.
Este precepto, recogido en el capítulo III y el artículo 25 del texto normativo, ha sido recurrido por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía por entender que supone una "perversión y alteración" de los principios de las sociedades cooperativas ya que, según advierte esta asociación, "se invita a futuros especuladores a tomar el mando de la cooperativa".
"Se invita a especuladores a tomar el mando", dice UPA
La norma busca la agilización de los trámites administrativos
La Unión de Pequeños Agricultores ha presentado un voto particular contra el dictamen favorable emitido por el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía el pasado 24 de junio al anteproyecto de la futura ley. Asegura Agustín Rodríguez, secretario general de la UPA y consejero del CES, que al permitir que la persona inversora que realice aportaciones de capital no tenga la obligación de desarrollar la actividad cooperativa, "se favorece la pérdida del valor, de la idea y del principio cooperativo, y se beneficia un carácter mercantilista de la sociedad cooperativa promoviendo la desaparición de un sistema de valores compartidos que significa este tipo de empresas sociales".
El mantenimiento de los valores cooperativos es algo que, para la UPA, resulta un aspecto "irrenunciable". Y es que, según se indica en el voto particular, al permitirse la entrada de inversores privados "se facilita que aquellas personas que no tienen la actividad cooperativa como medio fundamental puedan decidir de una forma particular sobre los intereses de los socios cooperativistas".
La futura Ley de Cooperativas Andaluzas es uno de los textos legislativos más esperados por el movimiento agrícola y ganadero. De las 8.223 cooperativas registradas en la comunidad, 6.117 están dedicadas a la explotación comunitaria de la tierra, 1.089 son cooperativas agrarias, 612 de consumidores y usuarios, 266 de servicios y 139 de trabajo asociado. Andalucía agrupa el 20% de las cooperativas existentes en el territorio nacional y acogió durante el pasado año la creación de un millar de puestos de trabajo en este ámbito.
La futura norma, que el Gobierno andaluz quiere aprobar antes del final de la actual legislatura, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios.
Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena, según se indicó desde la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta.
La ley permitirá también la constitución de una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración en este procedimiento. Las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta se reducirán de cinco a una y también disminuirá el número de documentos solicitados.
El anteproyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y suprime la actual exigencia de destinar un 15% de los beneficios al Fondo de Reserva cuando supongan la mitad del capital social. Por su parte, se reduce al 25% la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el Fondo de Reserva, frente al actual promedio del 90%.
