La ley del Olivar persigue el final de la guerra de precios

La futura ley del Olivar, primera norma que regulará un cultivo dentro de la UE, tiene ya luz verde para su tramitación parlamentaria después de que ayer se aprobara el anteproyecto en el Consejo de Gobierno, aunque no entrará en vigor hasta otoño. El Gobierno andaluz, que lleva dos años negociando el articulado con el sector oleícola, quiere con esta norma reafirmar el liderazgo mundial de Andalucía en la producción de aceite de oliva, pero, al mismo tiempo, acometer una profunda reconversión en un sector anquilosado por su elevada atomización.

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, admitió que el objetivo debe ser acabar con la "gran asimetría entre oferta y demanda" existente en la actualidad, pues hay 816 operadores y almazaras que venden aceite por su cuenta y sólo cinco grandes grupos compradores que imponen su dominio en los mercados. Como consecuencia de ese desequilibrio, en la actualidad se vive una de las mayores crisis de precios -se estima que más de la mitad de las explotaciones no cubre costes- y el sector apremia al Gobierno para que pida a Bruselas que active el almacenamiento privado del aceite, único mecanismo de regulación contemplado en la actual OCM aunque, según Aguilera, es un mecanismo que "no toca el centro de la diana" de los problemas del olivar.

La ley del Olivar incidirá en las medidas que mejoren la competitividad del sector y los canales de comercialización. Para ello, se reforzarán los incentivos para la concentración y fusiones de las cooperativas. "No podemos seguir con una o dos cooperativas en cada pueblo", dijo Aguilera, que anunció también una reforma de la ley de Cooperativas. La seguridad alimentaria, el I+D+i y la valorización del aceite de oliva frente a otras grasas vegetales serán otras líneas de actuación que se articularán en torno al Plan Director del Olivar, que tendrá una vigencia de seis años.

Respecto a las ayudas económicas al sector, el anteproyecto refuerza la prioridad para el olivar de montaña o de zonas con desventajas naturales, las explotaciones situadas en territorios desfavorecidos y aquellas que cuentan con calificaciones oficiales de agricultura ecológica y producción integrada.

En el último año, el olivar acaparó 740 de los 1.873 millones de euros en ayudas agrarias y ganaderas (la mayoría procedentes de la UE) concedidas a más de 286.000 perceptores en Andalucía. El sector concentra el 32% del empleo agrario en Andalucía y es la principal actividad económica en más de 300 pueblos andaluces, que suman dos millones y medio de habitantes.