La ley de Vivienda avanza sin el apoyo de la oposición
La norma estrella del Gobierno pasa el primer filtro del Parlamento
La futura ley que convertirá la vivienda en un derecho exigible en los tribunales pasó ayer el primer filtro parlamentario (debate a la totalidad) con el rechazo de los dos grupos de la oposición, PP e IU, quienes la rebaten por motivos dispares, coincidentes sólo en un punto, aunque principal porque niega la mayor: la norma no garantiza a los ciudadanos el acceso a una vivienda. El pleno, de mayoría socialista, desechó las enmiendas generales de ambos grupos, por lo que a partir de ahora se inician los retoques finales en comisión.
En su única alocución, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, se esforzó ayer por hacer ver el salto que significa esta ley, más que entrar en cuestiones concretas, ampliamente discutidas en meses anteriores. La Constitución y el Estatuto de Autonomía hablan de "obligaciones genéricas" para las administraciones y ahora se establece el cumplimiento de "resultados objetivos". Espadas insistió en la singularidad y vanguardia de la que será ley de Derecho a la Vivienda, que supera "holgadamente" la de otras comunidades.
El PP anuncia un aguacero de mociones en todos los ayuntamientos
"Que me digan un alcalde que rechaza estas competencias", dice Espadas
En 2007 el Gobierno andaluz firmó el mayor pacto de vivienda conocido en España con ayuntamientos, sindicatos, empresarios, promotores inmobiliarios, constructores y entidades financieras para garantizar suelo, dinero y crédito suficientes con los que levantar 700.000 pisos en los próximos 10 años. Luego comenzó a redactar la ley, la primera que llega tan lejos, justo cuando se vieron ya signos alarmantes de la recesión económica. El texto ha pasado por el tamiz de numerosos colectivos y tiene el visto bueno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), donde el PP, enemigo feroz de la norma, se abstuvo.
El motivo más esgrimido por los populares en contra de la ley es que delega competencias a los ayuntamientos que pertenecen a la Junta para que las apliquen los consistorios, de forma que las responsabilidades de sus incumplimientos recaigan en los alcaldes. Lo recordó en la tribuna Alicia Martínez, quien por la mañana había anunciado mociones en todos los ayuntamientos, instituciones desde las que el PP se propone plantar batalla a la ley. "Han utilizado la norma para hacer propaganda y han echado a los andaluces a reclamar a las puertas de los ayuntamientos", se quejó.
Espadas aclaró la cuestión en los pasillos de la Cámara (sólo tenía un turno) y explicó que el artículo 92 del Estatuto andaluz establece como competencia propia de los municipios, "la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística", así como "la planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda de protección oficial". "¿El problema cuál es? ¿Hacer un registro de demandantes que, además paga la Junta, como también las casas?", preguntó el consejero, quien aseguró que ningún ayuntamiento medio quiere perder estas competencias. "Que me diga un alcalde del PP que está dispuesto a que la Junta le indique dónde se van a construir las viviendas protegidas, cuántas y con qué criterios y promotores, y entonces empezaré a creerme cuál es la política de régimen local del PP", ironizó.
El izquierdista Juan Manuel Sánchez Gordillo criticó la norma porque no convierte todo el suelo en público y carece de mecanismos de intervención, mientras que el socialista José Caballos calificó la ley de histórica, valiente y comprometida, más aún en un momento de tan delicada tesitura económica.
